El Senado de la República alista la discusión y en su caso aprobación de un dictamen que permita el aborto seguro y gratuito, que establece hasta ocho años de prisión a quien obligue a una mujer a abortar sin su consentimiento y con violencia.
De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Salud y Estudios Legislativos, Segunda, lo que se busca es la protección de la vida y la salud física y mental durante un aborto espontáneo o la interrupción del embarazo.
“Ninguna mujer embarazada puede ser obligada a abortar sin su consentimiento. La decisión de continuar o interrumpir un embarazo le corresponde única y exclusivamente a la persona en ejercicio de su autonomía reproductiva, salvo en casos de urgencia”, señala el documento.
En el Artículo 66 Bis de la Ley General de Salud estipula que, “conforme a la legislación vigente del marco jurídico aplicable, todas las personas e instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud, sin excepción, deberán brindar de manera gratuita los servicios de aborto seguro, independientemente de la derechohabiencia”.
Mientras que en el Código Penal Federal se incorpora el concepto de “aborto forzado” al hecho de que, además de la ausencia de consentimiento, la interrupción del embarazo se procure mediante el empleo de violencia física o moral en contra de la mujer embarazada.
LEG