Bajo el argumento de una política de austeridad el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende eliminar 14 de 15 fondos y fideicomisos operados por el Poder Judicial y que supuestamente darán 15 mil 500 millones de pesos, extras, al gobierno de México.
El primer mandatario ha dicho que estos fideicomisos cuyos titulares son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tienen para solventar “privilegios” de jueces y magistrados; sin embargo, estos también son otros datos porque estos recursos se tienen contemplados para prestaciones conquistadas por los trabajadores del Poder Judicial.
El argumento del primer mandatario es que estos fondos no son legales, salvo uno que tiene que ver con el Apoyo a la Administración de la Justicia, por lo que ese no será eliminado.
Sin embargo, la lucha por los fideicomisos no sólo es por el dinero que, si es mal utilizado, podría terminar financiando las campañas oficialistas; también se trata de una lucha de poder.
El Presidente ha emprendido una crítica permanente en contra del Poder Judicial que ha decidido declarar inconstitucionales diversas reformas propuestas por el Ejecutivo como el denominado Plan B de la reforma electoral, que pretendía poner fin a los fideicomisos y reducir los salarios pero del INE y el famoso decretazo que protegía a obras y proyectos insignia, entre otros.
López Obrador, no ha logrado tener una mayoría en la Corte que le permita cambiar las leyes a su antojo, aún violando la constitución, de ahí que no tenga una buena relación con el Poder Judicial y amenace con quitarle recursos y con hacer una reforma profunda.
En este escenario, la ministra presidenta, Norma Piña ha decidido guardar silencio sabiendo que el tema tendrá que ser resuelto por la Sala Superior ante la acción de inconstitucionalidad y los amparos que ya se prevén en caso de que la mayoría de Morena lo apruebe; por lo que tiene la confianza de que no se hará realidad la desaparición de los fondos y fideicomisos.
Al menos no de aquí a diciembre de 2024, cuando se elijan a dos nuevos ministros en sustitución de Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, quienes concluirán su periodo el próximo año y que, en caso de que la 4T se mantenga en el poder, es muy probable que la sustitución le dé la mayoría que no pudo tener López Obrador en ese poder; aunque claro, primero habrá que ver quién gana la presidencia y la mayoría en el Congreso.
Por ello, la lucha entre el Ejecutivo, la mayoría morenista en el Legislativo y el Poder Judicial, tiene que ver con el poder y la medición de fuerzas, aunque esto repercuta en el bolsillo de los trabajadores.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
Parece que el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Jalisco será el diputado José María “Chema” Martínez. Si revisamos la lista de quienes participarán en la encuesta, queda claro que los morenistas no votarían por una expriista como Claudia Delgadillo, un vendedor de precursores al crimen organizado como Carlos Lomelí y un señor que su gran mérito es ser el padre de un piloto de la Fórmula 1.
@aguilarkarina