Si el gobierno dice que ahorró 500,000 millones de pesos anuales que se pagaban por actos de corrupción, el país no tendría que endeudarse en las cantidades que lo ha hecho.

Para esté quinto año, tendría en las arcas 2.5 billones de pesos, una cantidad suficiente para reconstruir al IMSS, al ISSSTE y todavía le sobraría para la construcción de carreteras y escuelas.

Pero ya sabemos que el discurso de la corrupción solo fue una frase de campaña que todavía sigue vendiendo y que, curiosamente, mucha gente sigue comprando.

El gobierno que dice que combatió a la corrupción ha sido el más opaco para la difusión del gasto.

Las licitaciones públicas se han hecho de manera directa en un porcentaje de entre el 70 y 80%; los datos del gasto en las obras insignias fueron reservados por años y el INAI, el organismo con el que cuentan los ciudadanos para solicitar la información oficial, está siendo estrangulado presupuestalmente por el propio gobierno y sus alfiles en el Congreso.

¿Dónde quedaron los miles de millones de los fideicomisos cancelados el año pasado y para qué se utilizarán los 15,000 millones que le quitarán al Poder Judicial?

¿Será que necesitamos lentes especiales para ver los logros en esta materia, como los que usamos para ver el eclipse reciente?

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Por lo visto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se quedará con las ganas de ser candidato presidencial luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le negó la licencia para separarse del cargo.

Como sabe, Samuel García trae un pleito interminable con el Congreso local, dominado por el PRI y el PAN, derivado del cual los legisladores de oposición le informaron que le negarían la licencia para separarse del cargo.

García quería una licencia por tiempo indefinido para competir por la candidatura presidencial de Morena y luego regresar a la gubernatura, pues ninguna encuesta le concede la posibilidad de ganar el 2024 al MC.

Recurrió al Tribunal Electoral pensando que así se podía saltar la constitución local y al Congreso pero ayer, por mayoría, los magistrados de la Sala Superior rechazaron la petición por considerar que la solicitud “no reunía las condiciones de hecho ni de derecho necesarias, toda vez que no se comprobaron sus dichos sobre la actuación del Congreso local’’.

Es decir, simple y llanamente el gobernador fosfo-fosfo mintió en su petición y por eso el Tribunal declaró improcedente la solicitud.

Ni modo, ya será para el próximo sexenio.

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La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), autorizó para su venta en el país la vacuna contra el Covid-19 producida por Pfizer, pero no la del laboratorio AstraZeneca.

Sin embargo, esto no implica que el biológico producido por el segundo laboratorio no vaya a lograr la autorización para la venta en México, sino que debe cumplir con ciertos requisitos fijados por el Comité de Moléculas Nuevas, que es independiente de la Cofepris.

Natán Enríquez Ríos, Comisionado de Autorización Sanitaria de la Cofepris, explicó que, en el caso del biológico de AstraZeneca, no se trata de un rechazo a su producto “sino a que la información proporcionada no ha sido actualizada respecto a su eficacia e inmunogenicidad con las nuevas variantes del SARS-CoV-2 que circulan actualmente a nivel mundial’’.

O sea que en los próximos días AstraZeneca deberá enfatizar la información clave de su vacuna y actualizarla contra la que habían presentado cuando obtuvieron la autorización de uso emergente del biológico.

LEG