Las violaciones de los partidos políticos nacionales a la legislación electoral han permitido que este año se apoye a los investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) con 251.8 millones de pesos.
El informe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al periodo enero-septiembre, señala que dichos recursos fueron transferidos por el Instituto Nacional Electoral (INE) por concepto de multas firmes a los partidos.
El documento resalta que los recursos fueron canalizados para cubrir el déficit en el otorgamiento de estímulos a integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Es decir, que el castigo por el mal uso de los recursos públicos de los siete partidos nacionales o por infracciones durante procesos electorales, financia a los investigadores del país.
“Los recursos autorizados fueron canalizados para cubrir el déficit de los compromisos por concepto de estímulos económicos otorgados a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores”, indica el documento.
Cabe destacar que el monto de dicho déficit no se específica en el informe.
El reporte señala que la Junta de Gobierno del Conahcyt realizó una sesión extraordinaria donde determinó que dichos recursos se canalicen como ampliación del programa presupuestario para becas a investigadores.
A su vez, otros 76.6 millones de pesos de multas a partidos políticos están en proceso de transferencia, por lo que antes de finalizar 2023 la cifra de multas que se convirtieron en financiamiento para el SNI podría llegar a 328.5 millones de pesos.
En comparación, en el mismo periodo de 2022, la Secretaría de Hacienda señaló que el INE notificó de 370.7 millones de pesos de multas de partidos.
Otro de los datos indica que, en 2021, cuando se llevó a cabo la última elección federal, con la renovación de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, se transfirieron 268.3 millones de pesos desde el INE, los cuales también se utilizaron para fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores.
Los informes de la Secretaría de Hacienda dan cuenta de que en 2020 fueron 188 millones de pesos, y en 2019, 584.5 millones de pesos, derivado de las multas por la elección presidencial, de senadores, diputados federales y gubernaturas.
Respecto a las sanciones por violaciones a la legislación electoral durante el pasado proceso electoral que renovó las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, los partidos más multados fueron el PRI, con 5.5 millones de pesos, y el Partido del Trabajo, con 3.3 millones de pesos.
En agosto pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó una multa de 98 millones de pesos por el caso conocido como operación Zafiro, que data de 2015 y se trata de triangulaciones del Gobierno de Chihuahua, en el mandato de César Duarte, para campañas electorales.
Las sanciones que han quedado firmes no se transfieren de un solo golpe para el impulso del sector de Ciencia y Tecnología, sino que el INE, por mandato del Tribunal Electoral, les descuenta a los partidos cada mes un porcentaje de su financiamiento público.
Ayer, 24 HORAS publicó que el Conahcyt tiene un monto de 21 millones 672 mil 69 pesos por aclarar debido a diversas irregularidades, además de un padrón de investigadores desactualizado, en el que aparecían beneficiarios “no vivos”… Que luego resucitaron en el papel.
De acuerdo a la segunda entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2022, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Conahcyt carece de un Padrón de Beneficiarios actualizado, “ya que el único que se publicó en 2022 se integró por 36 mil 624 investigadores, incluidos 172 ‘no vivos’, y no se consideró a 19 que recibieron pagos desde enero de 2022. Y en el del primer trimestre de 2023 se reportaron 99 como ‘vivos’, respecto de los 172 ‘no vivos’”.
Es decir, de un padrón a otro, 99 de los investigadores supuestamente fallecidos resucitaron, al menos en el Padrón de Beneficiarios.
Antecedentes
En diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para crear la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
La iniciativa fue aprobada y en mayo pasado entró en vigor, con lo que se busca la reorganización de los centros de investigación del país, la creación del Sistema Nacional de Posgrados y del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías en sustitución del actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como la transformación del Sistema Nacional de Investigadores por otro que otorgue apoyos directos y sin intermediarios.
En su iniciativa, el Gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación indicó que el otorgamiento de estímulos, becas, fideicomisos y en otro tipo de apoyos en otros gobiernos fueron para beneficiar a instituciones privadas y para propósitos comerciales
Otro es los objetivos de la reforma era que para el otorgamiento de becas o estímulos económicos los recursos se asignarán con el principio de “austeridad republicana, así como la celebración de un convenio o contrato” y los beneficiarios de los apoyos deberán retribuirlo a la sociedad.
También se eliminan los intermediarios y los estímulos para el fomento de Humanidades, Ciencia y Tecnología e Innovación se entregarán de manera directa, como se hace con los programas sociales de la Cuarta Transformación.