Tras meses de proselitismo adelantado, el próximo lunes arrancarán oficialmente las precampañas a la Presidencia de la República, con dos aspirantes únicas que competirán por el Frente Amplio por México y la autoproclamada Cuarta Transformación, mientras que Movimiento Ciudadano registró a ocho precandidatos, con lo cual también inicia el proceso para fiscalizar sus gastos.
Cada uno de los aspirantes podrá usar hasta 85.9 millones de pesos durante ese proceso que culminará el 18 de enero próximo y está dirigido a militantes de los partidos.
Los recursos que erogue cada aspirante serán fiscalizados de manera oficial por el Instituto Nacional Electoral (INE), que revisará prácticamente en tiempo real lo erogado en propaganda electoral, publicidad, eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para radio y televisión, entre otros.
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De acuerdo con la legislación electoral, un rebase en el tope de gastos y la omisión de presentar sus informes son causales de pérdida de derecho a registrarse. A su vez, el organismo electoral está facultado para imponer multas por las irregularidades financieras halladas en esa etapa.
Al respecto, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en entrevista con diversos medios de comunicación, llamó a los actores políticos al “buen comportamiento” y señaló que, como ha sucedido durante el actual proceso electoral, atenderán las denuncias que lleguen a la Comisión de Quejas, como, por ejemplo de lo se diga, en el ámbito electoral, en las conferencias mañaneres del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“A todos los servidores públicos, incluidos los tres poderes de Gobierno; al Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos debemos de ser altamente respetuosos a nivel federal, a nivel local de lo que está sucediendo ya al inicio de las precampañas, todos, hay que llamar al buen comportamiento a todos, aseveró.
El calendario electoral indica que el 21 de enero será la fecha límite para que los precandidatos presidenciales presenten su informe final de gastos de precampaña y el INE aprobará los dictámenes el 27 de febrero, dos días antes de someter a discusión los registros y designar a los candidatos presidenciales, previo al arranque de las campañas, el 1 de marzo próximo.
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Sobre los tiempos para fiscalizar a los precandidatos, la presidente del INE señaló que son “apretados», pero “al interior del Instituto se están haciendo gestiones para poder trabajar en varios planos y poder salir adelante”.
Durante las precampañas, los aspirantes tendrán acceso a spots, podrán realizar eventos masivos y hablar de sus aspiraciones a la titularidad del Ejecutivo federal, con la salvedad de que, en sus promocionales, deberán señalar que son precandidatos y con mensajes dirigidos a la militancia.
De manera formal, el próximo lunes arrancará el proselitismo de Claudia Sheinbaum por Morena, PVEM y PT, así como Xóchitl Gálvez por PAN, PRI y PRD, aunado a los ocho precandidatos de MC, entre los que destacan el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, y la senadora Indira Kempis.
Por lo que se avizora que en la contienda presidencial participen tres candidaturas impulsadas por partidos, a las que se podrían sumar alguna opción independiente, pues hay nueve aspirantes que están activos en la búsqueda de firmas para obtener el registro; sin embargo, el actor Eduardo Verástegui es el más adelantado y solo lleva 6% de avance a 51 días de que venza el plazo para recolectar apoyos.
A pesar de que este lunes inician las precampañas, los bloques de la Cuarta Transformación y del Frente Amplio adelantaron la designación de sus aspirantes, lo que fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como procesos políticos internos, por lo que desde julio pasado han realizado eventos masivos.
El pasado 6 de septiembre, Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena y aliados, con lo que se convirtió en la coordinadora nacional en la defensa de la Cuarta Transformación, en un proceso que arrancó a mediados de julio.
En dicho ejercicio, que inició en julio pasado, participaron los exsecretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Gobernación, Adán Augusto López, así como los senadores con licencia Ricardo Monreal y Manuel Velasco, y el diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña.
Por parte del Frente Amplio por México, que incluye a PAN, PRD y PRI, se eligió a Xóchitl Gálvez como coordinadora nacional el pasado 31 de agosto, pero ese proceso arrancó también a principios de julio, con debates entre los aspirantes como Santiago Creel y Beatriz Paredes.
El adelanto del proselitismo a través de procesos políticos internos ha generado que el INE haya recibido este año, en promedio, tres denuncias diarias por actos anticipados de campaña de aspirantes a algún cargo público.
De acuerdo con el reporte de la Comisión de Quejas y Denuncias, aprobado por el Consejo General el pasado 26 de octubre, hay 894 procesos contra aspirantes a algún cargo público que presuntamente se adelantaron a los tiempos para promocionarse.
El proceso para atender las denuncias es que la Comisión de Quejas y Denuncias atiende los casos y, en su caso, puede ordenar medidas cautelares, pero es la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que resuelve de fondo los asuntos y, de existir impugnación, la Sala Superior del Tribunal es la última instancia.
Ante el cúmulo de denuncias por presuntos actos anticipados de campaña, el pasado 16 de octubre la Comisión determinó limitar la gira nacional de Claudia Sheinbaum, denominada la Esperanza nos Une, por contener características proselitistas.
Sheinbaum puede acudir a cualquier parte del país, pero sus encuentros se deben realizar en lugares cerrados, sin estar abiertos al público o ser multitudinarios, sino dirigidos solo a militantes de Morena.
Respecto a Xóchitl Gálvez, por incurrir en dichos que se pueden configurar como presuntos actos de precampaña, la Comisión la conminó a la prudencia discursiva y a ajustar sus eventos a los parámetros constitucionales.
Para los procesos políticos adelantados, el INE estableció un gasto máximo de 34.3 millones de pesos, cuyo informe de erogaciones será aprobado por el organismo electoral el próximo 15 de diciembre, aunque sin las restricciones de las precampañas, como la pérdida del derecho a registrarse como candidatos presidenciales. El organismo electoral estableció que en caso de detectar casos graves por irregularidades financieras se analizarán de manera particular.
