México se encuentra ante una “situación de emergencia” por tráfico de armas de fuego, reconoció la secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena.
En audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller mexicana reconoció una emergencia compartida con la región americana, al detallar que anualmente se trafican ilegalmente al País 200 mil armas.
“Nos encontramos ante una situación de emergencia, compartida por varios países de la región, que debe de ser atendida y que debe de enfocarse en el papel que tienen los actores privados en potencializar las posibles violaciones de derechos humanos”, mencionó.
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“Las estimaciones nos indican que cada año se trafican ilegalmente a México 200 mil armas de fuego. Y este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo (…) y tiene incidencia directa en la comisión de crímenes violentos”, añadió.
En su intervención virtual, la canciller recordó la solicitud del Estado mexicano a la Corte Interamericana para pronunciarse sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida y a la integridad personal, por parte de empresas de armas de fuego.
Lo anterior, al sostener que las actividades de comercialización de las empresas privadas de armas, realizadas sin el debido cuidado, aumentan el riesgo de violencia y resultan en vulneraciones a los derechos a la vida y a la integridad personal.
De la misma forma, solicitó a la Corte señalar si puede existir responsabilidad por la falta de la debida diligencia de las empresas de armas en sus actividades, y determinar cuáles son las obligaciones tanto de los actores privados como de los Estados.
“En estas preguntas, el Estado solicita a la Corte pronunciarse sobre los recursos idóneos que los Estados deben incorporar para garantizar que las personas víctimas de estas prácticas negligentes o intencionales, puedan contar con recursos judiciales que permitan la reparación del daño causado”, señaló.
En este sentido, la representante mexicana sostuvo que las leyes que obstaculizan el acceso de las víctimas a un recurso judicial efectivo y a la reparación del daño, “son violatorias del derecho humano de acceso a la justicia e involucran la responsabilidad internacional del Estado y el derecho a obtener reparaciones”.
DG