La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general, Patricia Benavides, quien está investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos.
“Creo que la fiscal de la nación debe responder a toda esta investigación que nos ha sorprendido hace unos días. Ha perdido objetividad para que pueda continuar en el cargo”, dijo Boluarte en breves declaraciones a la prensa sobre el conflicto interno en la Fiscalía.
La presidenta peruana evitó ahondar sobre la denuncia que la fiscal presentó ante el Congreso el lunes, donde la acusa del presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas en su contra, que dejaron más de 50 muertos, tras su llegada al poder hace un año.
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La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno. El escándalo en el Ministerio Público ha provocado que la Junta Nacional de Justicia, que la nombró en 2022, evalúe medidas disciplinarias contra la fiscal, que pueden acarrear una suspensión e incluso separación del cargo.
La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la Fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.
La jefa de la fiscalía ha dicho que no renunciará a su cargo, mientras que desde el Congreso algunas voces la defienden e indican que se trata de un complot para frenar las investigaciones.
La acusación contra Boluarte, que puede conducir a la destitución de la Presidenta, podría tardar algunas semanas en ser admitida, pero también ser usada como elemento de presión en una pugna entre el gobierno y el Congreso.
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Boluarte asumió el poder en diciembre del año pasado tras la destitución de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. A su llegada al poder le siguieron manifestaciones en las que murieron 54 personas, incluidos seis soldados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos veinte de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares.
LEO