Esta semana la agenda ambiental y multilateral se encuentra en el inicio de la COP 28, donde se abordarán temas clave como el incumplimiento de la meta de financiación y el funcionamiento del Acuerdo de Pérdidas y Daños, así como la posible presentación de un marco para el objetivo global de adaptación para triplicar la capacidad de energías renovables para 2030.
En ese contexto, México aún presenta espacios de oportunidad como es el caso de la sequía que afecta a más del 71.5% del territorio mexicano, según el Monitor de Sequía, lo que ha desatado una crisis que afecta a la economía, pues se ponen en peligro los miles de millones de dólares en inversión y miles de empleos esperados como parte del auge del nearshoring.
La Zona Metropolitana del Valle de México, por ejemplo, enfrenta recortes críticos en el suministro de agua debido a los bajos niveles en las presas del Sistema Cutzamala, una situación que ha derivado en la “Estrategia y Plan de Atención frente a la Sequía”, misma que ha logrado recuperar 400 l/s de los 1,300 l/s estimados.
Ante ello, surge la necesidad de reorientar la política pública en materia hídrica, pues la poca claridad en las competencias y la ausencia de una fuente de repago, genera una presión desproporcionada sobre los municipios, obstaculizando la ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica a largo plazo y la falta de retorno económico, afectando la capacidad de establecer una economía sostenible del agua.
En ese sentido, no cabe duda que se necesitan cambios profundos, ya que según el INEGI, el 76% del agua se utiliza en la agricultura, 14% en abastecimiento público, 5% en termoeléctricas y 5% en la industria. De ello se puede ver que se está realizando un mal uso del recurso, debido a que buena parte del agua se destina a un sector que aporta únicamente el 3.5% del PIB.
A su vez, la CEPAL ha destacado que como consecuencia de la falta de inversiones recomendadas en años anteriores, se requiere ahora una inversión pública y privada equivalente al 1.3% del PIB para asegurar una transición hídrica sostenible. Esto implica que México necesitaría invertir alrededor de 430,000 mdp anuales durante un período de 10 años sólo para superar el rezago actual.
Por lo que derivado de la arquitectura institucional en materia hídrica, la atención debería centrarse en propiciar una colaboración más efectiva entre los tres niveles de gobierno y el sector privado, con el fin de generar mayor eficiencia y disponibilidad, permitiendo así el abastecimiento de todos los sectores económicos esenciales, en lugar de simplemente gestionar o priorizar la escasez del agua.
Además, es crucial que se implementen proyectos que cuenten con fuentes de financiamiento propias, que incorporen un componente social significativo para así generar un atractivo sostenible.
Consultor y profesor universitario
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