El presidente Andrés Manuel López Obrador busca ganar las elecciones presidenciales del próximo año a cualquier costo para dejar a alguien que probadamente seguirá al pie de la letra su modelo de gobierno.

Pero si no lograra la reelección de su movimiento, lo que sí garantiza es que dejará como legado un enorme poder de las fuerzas armadas, no solo con el monopolio de la fuerza como lo marca la Constitución y las extensiones logradas hacia la seguridad ciudadana, sino con un imperio de empresas públicas nunca visto, formado y patrocinado por la administración saliente de López Obrador.

El dominio de las fuerzas armadas, Ejército y Marina, sobre una larga lista de tareas históricamente asignadas al poder civil, ha sido la tarea silenciosa del régimen de López Obrador.

Ni en su Plan Nacional de Desarrollo (PND), ni en los documentos de propaganda, como aquellos “Cien Compromisos de Gobierno” que lanzó en el Zócalo capitalino el 1 de diciembre del 2018, aparece por ningún lado ese plan de crecimiento empresarial de los militares.

Dice por ejemplo eso que presentaron como el PND 2018-2024 que: “El Ejército Mexicano y la Armada de México conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la seguridad nacional y la integridad territorial del país, la defensa de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre; asimismo, los institutos armados seguirán aportando a diversas esferas del quehacer nacional: aeronáutica, informática, industria, ingeniería, entre otras”.

Por ningún lado se adelanta el enorme cambio de modelo de la economía estatal, de entidades públicas centralizadas, desconcentradas o autónomas a un modelo militarizado.

Bajo una conducción civil desde el Poder Ejecutivo en turno, se pueden hacer cambios y ajustes en la dirección de las empresas públicas, se pueden auditar, se pueden pedir cuentas y resultados.

Bajo la conducción militar, y con el refuerzo de los decretos que aducen asuntos de seguridad nacional, solo hay un enorme flujo de recursos presupuestales sin mayores controles.

El cambio estructural de la economía del Estado que ha llevado a cabo López Obrador se ha dado solo con la voluntad presidencial, sin mayor intervención de los otros poderes de la Unión. A través de fideicomisos públicos, adjudicaciones directas, licitaciones restringidas, transferencias de funciones civiles, una descomunal reasignación presupuestal, y todo con un manto de opacidad protegido con la normatividad de la seguridad nacional y la restricción total al acceso a la información.

No es poca cosa preguntarse, por ejemplo, cómo se va a desarrollar la interacción entre la población civil y las autoridades militares que administran los aeropuertos. ¿Qué tan capacitados están las fuerzas armadas, entrenadas para defender la soberanía nacional frente al enemigo invasor extranjero, para tratar con un cliente imprudente en una terminal aérea?

El México militarizado de hoy fue decisión de una sola persona, no fue una oferta de campaña, y las consecuencias de tal control presupuestal y de infraestructura están por verse en el momento en que otro poder ejecutivo tome el control del país.

Puede ser incluso su propia corcholata la que una vez sentada en la silla quiera tener espacio de poder político para aplicar sus políticas, pero en el México Militar, S.A. encontrará una continuidad transexenal que seguro limitará a cualquier nueva administración.

 

     @campossuarez