La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Amparo para obligar al Poder Judicial de la Federación a pagar los servicios públicos de correos y telegráficos que utilice. Con la mayoría del bloque oficialista, el dictamen aprobado fue enviado al Senado para su revisión y votación.
La reforma, además, impone multa de 100 a mil días si los jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se niegan a recibir o transmitir los mensajes, excepto cuando no se pague por la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos al Poder Judicial.
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Según la exposición de motivos, de 2016 a agosto de 2022 Sepomex envió 12 millones 119 mil piezas postales certificadas por el PJF que de haberse cobrado habrían representado un ingreso al organismo por 272 millones 670 mil pesos, mientras que Finabien, antes Telégrafos de México, por los telegramas que emitió entre 2012 y octubre de 2022 habría tenido un ingreso de 7 mil 647 millones de pesos
El dictamen establece que, una vez publicado, se tendrá un plazo de 120 días, para que el Servicio Postal Mexicano y Financiera para el Bienestar, respectivamente, y los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial de la Federación que conozcan de los juicios de amparo firmen los contratos de prestación de servicios correspondientes, en los que se determinarán la forma, el plazo y la modalidad en que estas autoridades realizarán el pago por la prestación de los servicios públicos de correos o telegráficos.
El diputado Leonel Godoy (Morena) dijo que el objetivo es fortalecer el servicio de correos y telégrafos y rechazó las versiones de la oposición de que se intenta debilitar al Poder Judicial.
“El dictamen sólo persigue fortalecer a estos dos grandes servicios que requiere el pueblo y fortalecer a las empresas públicas (…) en el fondo está una política neoliberal, privatizadora que buscó y seguirá buscando privatizar todo; eso es lo que está en el fondo. No tiene nada que ver el presupuesto del Poder Judicial de la Federación”, aseveró.
La diputada Carolina Viggiano (PRI) aseguró que la reforma pretende debilitar al Poder Judicial Federal y lamentó que en lugar de discutir reformas importantes que están en comisiones para mejorar el sistema de justicia se discuta una que no tiene trascendencia.
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“Hoy se usa el sistema de justicia sólo para perseguir a los opositores, para judicializar la política. Hoy nos convocaron sólo para esta iniciativa, por un capricho del oficialismo”, reclamó la priista.
La diputada Mary Carmen Bernal (PT) consideró que la reforma no afectará la operación del Poder Judicial, no violenta el principio de gratuidad ni de que la justicia sea pronta y expedita, porque se fortalecerá una de las instituciones más importantes del país.
“Ahora este Poder se hará cargo de sus pagos y de sus comunicaciones oficiales. Esta reforma no es gravosa, es falso que se quiera dejar inoperante a este Poder ya que cuenta con los recursos suficientes para poder funcionar”, sostuvo.
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EAM