El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek, otorgó una suspensión a legisladores de oposición con lo que se detiene la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En los estrados electrónicos de la Suprema Corte, se publicó el acuerdo por el que el ministro admite a trámite las acciones de inconstitucionalidad 214/2023 y 220/2023, promovidas por diputados y senadores de la oposición contra la desaparición de 13 fondos, con un saldo de 15 mil millones de pesos.
El pasado 25 de octubre, se aprobó la extinción de esos fideicomisos y su transferencia a la Tesorería de la Federación para ocuparse en otros fines.
Sin embargo, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, señaló que abriría el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que esos recursos se destinarán a atender a los afectados por el impacto del huracán Otis, en Acapulco.
La admisión a trámite de las acciones de inconstitucionalidad y el otorgamiento de la suspensión frenan de momento la transferencia de los 15 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación, hasta en tanto el máximo tribunal del país resuelva el caso de fondo.
Los saldos de los 13 fideicomisos son administrados por la propia Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que serán los mismos ministros los que decidan si fue legal la desaparición de esos mecanismos financieros.
El ministro Laynez será el encargado de elaborar el proyecto de sentencia y presentarlo ante el Pleno de la Suprema Corte. Previamente, los integrantes del Alto Tribunal desecharon un recurso de la Consejería Jurídica de la Presidencia que señalaba que el ministro estaba impedido para deliberar ese caso.
“No me considero impedido; me parece que no procede el impedimento; además, yo no considero, en absoluto afectada la objetividad”, señaló.
Hace unas semanas, una jueza federal ya había concedido una suspensión definitiva para contra la extinción de fideicomisos, tras una demanda de amparo promovida por una asociación nacional de jueces y magistrados Federales.
En noviembre pasado, Elizabeth Trejo Galán, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, concedió la suspensión definitiva de lo aprobado en el Legislativo y por lo tanto los 15 mil millones seguirán en los fideicomisos del Poder Judicial.
De acuerdo con la notificación de la demanda de amparo 1754/2023, publicada en los estrados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la suspensión fue concedida a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, instancia que ingresó el recurso en contra del decreto que elimina los fideicomisos del Poder Judicial.
En la víspera, dicha asociación indicó que la estrategia jurídica de los juzgadores federales sería interponer una única demanda de amparo, en nombre de los trabajadores del Poder Judicial, para solicitar la protección de la justicia ante las supuestas afectaciones a sus derechos laborales por la extinción de fideicomisos.
La jueza Trejo fijó en diciembre la audiencia constitucional en la que se resolverá si se otorga el amparo a jueces y magistrados federales contra la extinción de fideicomisos.
Entre los efectos de la suspensión provisional es que los recursos acumulados por el Poder Judicial deben seguir en esos instrumentos financieros, a pesar de que el Gobierno federal había iniciado un diálogo con la presidenta de la Corte para canalizar los 15 mil millones de pesos a los damnificados de Acapulco.
A la suspensión por juicio de amparo, se suma la otorgada ayer por el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez, en tanto el Alto Tribunal resuelve si fue constitucional la reforma con la que se eliminaron esos fondos.
Va Morena por otro rechazo para pleno del Inai
Con el fin de cumplir el mandato judicial que le pide al Senado nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), este miércoles el pleno hará una nueva votación; no obstante, Morena perfila volverla a rechazar.
Tras lo cual se emitirá una nueva convocatoria para iniciar el proceso desde cero y llevarlo hasta el próximo período ordinario de sesiones que inicia en el mes de febrero.
“El procedimiento que nosotros el día de mañana (miércoles) estaremos agotando, es el procedimiento que nos va a dar la posibilidad de construir la unidad con propuestas, que quizá no sean los que hoy tenemos en las ternas”, declaró la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera.
La senadora de Morena planteó que si no se logra el consenso para nombrar a los dos comisionados pendientes, se de por agotada la actual etapa, “con la intención de que si llegamos a una nueva convocatoria es para ya definir en conjunto”.
No obstante, la oposición advirtió que, si el Senado no cumple este miércoles con la sentencia judicial de elegir a dos comisionados del Inai, procederá la separación del cargo de aquellos legisladores que han sido omisos.
El senador del PAN Damián Zepeda advirtió que se tiene que cumplir la sentencia que ordena el nombramiento y no sólo la votación, toda vez que la juez advierte que, “en caso de adoptar una conducta contumaz, puede tipificarse el delito previsto por el artículo 267 de la Ley de Amparo” que impone pena de cinco a diez años de prisión a quien omita cumplir cabalmente con la resolución y repita el acto reclamado.
“Las sentencias se deben cumplir y nosotros debemos de terminar el trámite del Inai, sí, de entrada, nosotros en el Grupo Plural lo acompañamos, no decimos exactamente con quién, pero con prácticamente cualquiera, estamos dispuestos a transitar para que se integre debidamente el Inai”, refirió el senador Germán Martínez.