Tres semanas después del rechazo de un proyecto anterior, el Reino Unido y Ruanda firmaron ayer un nuevo tratado en un intento de revivir la controvertida propuesta de Londres de expulsar migrantes a este país de África.
El gobierno británico intenta salvar esta medida emblemática de su política contra la inmigración ilegal, después de que la Corte Suprema de Reino Unido censurase un primer proyecto a mediados de noviembre.
El nuevo acuerdo fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, Vincent Biruta, y el ministro del Interior británico, James Cleverly, en Kigali.
El texto, de 43 páginas, es “jurídicamente vinculante” en el derecho internacional y ofrece garantías de que los migrantes expulsados a Ruanda “no puedan ser expulsados a otro país en el que sus vidas o su libertad estén amenazadas”, según el Ministerio británico de Interior.
El nuevo acuerdo incluye la creación de “un tribunal conjunto con jueces ruandeses y británicos en Kigali para garantizar la seguridad de los migrantes y que ninguno de los migrantes enviados a Ruanda sea expulsado a su país”, declaró en la rueda de prensa el portavoz adjunto del gobierno ruandés, Alain Mukuralinda. “Y también se asegurará de escuchar todas las quejas de los migrantes”, continuó.
Una vez firmado, el texto deberá ser ratificado por los parlamentos británico y ruandés.
REVÉS
El 15 de noviembre, los jueces superiores del Reino Unido rechazaron el recurso del gobierno británico, dictaminando que el Tribunal de Apelación tenía razón al concluir que Ruanda no podía considerarse un tercer país seguro.
Londres debe “abrir los ojos ante el historial de violaciones de los derechos humanos en Ruanda, en particular contra los refugiados y solicitantes de asilo”, instó Yasmine Ahmed, directora en Reino Unido de la ONG Human Rights Watch.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió perseverar en el polémico proyecto, asegurando que el nuevo tratado “aborda las preocupaciones” planteadas en el fallo de la Corte Suprema.
Aunque los detalles del nuevo acuerdo no están disponibles, según los medios británicos incluye compromisos de Ruanda con respecto al trato de los solicitantes de asilo y otros migrantes enviados allí.
El gobierno de Londres dice que el acuerdo con Ruanda es crucial para disuadir la inmigración “ilegal” a través del Canal de la Mancha desde Francia en embarcaciones inflables.
Casi 30 mil personas han realizado el peligroso viaje este año, comparado con las casi 46.000 que cruzaron en 2022. /CON INFORMACIÓN DE AFP
Venezuela dará licencias para explotar recursos en el Esequibo
El Presidente de Venezuela ordenó ayer a la estatal petrolera PDVSA conceder licencias para la explotación de recursos en la región del Esequibo, la zona que se disputa con Guyana y dónde Georgetown ha autorizado que petroleras extranjeras y locales operen.
Que se proceda “a crear la división PDVSA-Esequibo”, y que de “inmediato procedamos a conceder la licencias operativas para la operación y explotación de petróleo, gas y minas en toda el área”, indicó Nicolás Maduro.
Esta media forma parte de un conjunto de anuncios que el mandatario hizo el martes tras el referendo consultivo del pasado domingo en el que buscó el apoyo popular para seguir con su reclamo sobre la región en disputa.
En el referéndum participaron más de 10.4 millones de votantes, la mitad del padrón electoral de Venezuela, y más del 95% estuvo de acuerdo en que el Esequibo pase a ser una provincia más del país.
Guyana dio luz verde el pasado octubre a seis empresas petroleras, entre ellas la estadounidense Exxon y la francesa TotalEnergy, para explorar sus costas, lo que provocó una protesta de Venezuela debido a que son “aguas pendientes por delimitar”, y en respuesta convocó al referendo.
Maduro dijo que ahora ejercerá el “poder” que le otorgó el pueblo y propuso también una ley para “la creación de la Guayana Esequiba”, una provincia en la zona disputada con Guyana.
Ordenó además la creación de una “zona de defensa integral de la Guayana Esequiba“, sin explicar mayores detalles, pero que estará ubicada en la población de Tumeremo, estado Bolívar (sur) y fronterizo con la zona en disputa. /CON INFORMACIÓN DE AFP