Nuestro país debe ofrecer certeza jurídica para las nuevas empresas, ya que hay un desorden regulatorio donde municipios, estados y la Federación imponen cada uno sus trámites a nuevas empresas, lo que puede frenar la llegada del nearshoring , alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Carlos Hurtado, director general del CEESP, señaló que México debe parecerse más a sus principales socios comerciales Canadá y Estados Unidos y ofrecer un sólido Estado de Derecho para evitar altos costos regulatorios con tantos trámites por el fenómeno de la relocalización.
En entrevista con 24 HORAS, detalló que está falta de orden en la regulación afecta también a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que son uno de los principales motores de México.
Al dar a conocer la iniciativa “Un México mejor para todos”, documento con propuestas económicas que se entregaron por parte de la iniciativa privada a las dos candidatas presidenciales, Hurtado destacó que la siguiente administración debe trabajar en una política pública que logre mejorar la estructura de la cadena logística en el país para impulsar el crecimiento.
El director del CEESP puntualizó que la inversión privada y la pública deben trabajar juntas, deben complementarse para poder avanzar desde ambos lados. El documento plantea medidas económicas hacia la siguiente administración federal que iniciará en 2024 que buscan generar un mayor crecimiento.
Hurtado afirmó que en esta última Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación no contiene ninguna innovación y no se impulsa claramente el desarrollo y crecimiento de las mipymes.
“Las pequeñas empresas necesitan ser apoyadas no solamente para sobrevivir, sino para que crezcan… necesitan consolidarse para que contribuyan al desarrollo”.
El decano economista insistió en que México debe hacer respetar la Constitución ya que hay una gran parte del territorio donde “son las mafias las que están poniendo las reglas”.
Al respecto del incremento del salario mínimo, comentó que como analista del sector privado y en propia opinión, elevar el mínimo 20% va a dañar a las pequeñas empresas por la carga del costo laboral que esto representa.
Criticó que para 2024 el costo laboral para las empresas habrá crecido 60% en términos reales en los últimos cinco años.
Sobre reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales como buscan discutir los legisladores, enfatizó que eso puede bajar la producción de las empresas afectando sus ingresos económicos, ya que preferirán tener menos empleados para poder asumir la carga económica que esto representa.
En otro sentido, Hurtado reconoció el alto impacto de ayuda que han generado los programas sociales de este Gobierno en la población, pero sin duda necesitan ser revisados para evitar una alta carga económica para las finanzas públicas.
Puso como ejemplo la entrega de pensiones adultos mayores, donde está abierta a la ciudadanía en general y hay un alto número de personas con ingresos elevados que no
necesitan este programa y sin embargo están haciendo uso de él.
Aunque reconoció que los programas sociales han tenido impacto en todo el mundo y se usan en varios países, deben segmentarse para entender quienes sí lo necesitan.
Indicó que el documento “Un México para todos” trata de resolver los desafíos económicos como son la inclusión laboral, generar una mayor movilidad social e impulsar el desarrollo de nuevas oportunidades para la población en el país.
“Para todo eso necesitamos consolidar una economía más sólida y más estable”. El plan es impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial, destacó.