La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, resaltó las resoluciones contra decretos y reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que el Poder Judicial no trabaja para ganar aplausos.
Durante la emisión de su primer informa de laborales, la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que la “independencia judicial es el baluarte indispensable en un Estado democrático”.
Te podría interesar: Adrián Rubalcava renuncia al PRI; anuncia que apoyará a Sheinbaum
Abundó que en el Poder Judicial no buscan aplausos, porque “nuestra guía es honrar y preservar la justicia. Impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza, y con absoluta lealtad a nuestra Constitución”.
La ministra presidente aseveró que la defensa del Poder Judicial, ante el debilitamiento de la Judicatura y la deslegitimación de su función social, ha sido desde su interior y exterior por ciudadanos que “ven amenazada la defensa de sus derechos, de su dignidad”.
Consideró que ante la adversidad “nos impulsa a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad”.
En el Poder Judicial, dijo, “somos conscientes que como institución pública no estamos exentos de fallas, no reconocerlo sería un error, no reconocerlo sería incompatible con la obligación de rendir cuentas, propia de un Estado constitucional y democrático de derecho, no reconocerlo sería negar el necesario progreso y evolución de las instituciones y de quienes las integramos”.
Pidió a los trabajadores “ser más empáticos, más eficaces, eficientes y tener una mayor proximidad con las personas (…) debemos incentivar la autocrítica con humildad”.
Señaló que los empleados judiciales deben sacar lo mejor de ellos mismos, “no por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa”.
Reconoció que “la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no solo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley”.
Piña Hernández informó que, durante este año, el Poder Judicial de la Federación tuvo una carga de trabajo de 2 millones 25 mil 283 asuntos, de los cuales se resolvieron cerca del 70%. Reportó que desde el 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre se recibieron 16 mil 405 asuntos en la Suprema Corte.
Entre los asuntos relevantes, la ministra presidenta resaltó la anulación del Plan B de la reforma electoral por violaciones graves al procedimiento legislativo.
Te podría interesar: AMLO nombra a Lenia Batres como nueva ministra de la SCJN
Destacó la invalidez del decreto que transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Norma Piña informó que la Suprema Corte invalidó el decretó presidencial que declaraba las obras prioritarias del Gobierno federal como asuntos de Seguridad Nacional.
Señaló que este año, la SCJN permitió al Inai sesionar con cuatro comisionados, ante la omisión del Senado para designar a tres de los integrantes de ese organismo.
Indicó que otra resolución fue para que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a solicitar su acta de nacimiento con su identidad autopercibida, cuando no se identifiquen con la biológica.
Por primera vez, presumió, hay en la Suprema Corte un área integrada por científicos para brindar apoyo a las ponencias en casos de alta complejidad técnica, como de medio ambiente o riesgos a la salud.
Te podría interesar: AMLO agradece a todas las iglesias por no oponerse a su gobierno; encomia liderazgo del Papa
Norma Piña destacó que el presupuesto del Poder Judicial Federal se ha reducido más del 23% en los últimos años.
Apuntó que se instauró una política de cero tolerancia a la corrupción, no solo como una declaración de “buenas intenciones”, sino un compromiso de que quienes opten por actividades ilícitas enfrentarán consecuencias severas.
Explicó que se impusieron 16 sanciones, que van desde apercibimiento hasta la inhabilitación y destitución, “esto es una muestra de que estamos combatiendo el ejercicio abusivo de la función pública en el Poder Judicial de la Federación”.