El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó un proyecto de ley en un acto en Brownsville, Texas, que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al territorio, en el que los migrantes pueden ser detenidos desde 180 días hasta 20 años de prisión.
Esta medida marca un paso enorme en la dura batalla legal que libran el Estado y la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre los esfuerzos para reducir la inmigración irregular.
Te podría interesar: Comisión de Árbitros invita a la imparcialidad de sus jueces
El proyecto de ley, denominado SB4, otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México.
El Gobierno de Texas podrá acusar a los inmigrantes de un delito menor de clase B, que se castiga con hasta seis meses de cárcel o 2 mil dólares de multa.
La pena podría aumentar a un delito grave de cárcel estatal si el acusado tiene alguna condena previa por el mismo delito.
Esta legislación desató miedo en la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población.
La medida fue condenada por organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de la inmigración después de que la legislatura de Texas la aprobara el mes pasado. Se espera que la ley entre en vigor en marzo.
El aumento de la migración en la frontera ejerce una presión inmensa. Abbott y Biden han disputado algunas de las medidas del estado para frenar la inmigración ilegal a lo largo de la frontera sur.
Previamente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que suspenderá temporalmente las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, a partir del lunes, debido a un aumento en los cruces fronterizos de migrantes.
Las autoridades fronterizas detuvieron a unos 192 mil inmigrantes en los puertos de entrada en noviembre, un aumento del 2% en comparación con las 188 mil detenciones de inmigrantes en octubre, informó el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens.
Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) amenazó con demandar a Abbott por la medida que la organización califica de uno de los proyectos de ley más antimigrantes aprobados por cualquier estado.
Te podría interesar: Niega Dante Delgado relación con Ignacio Ovalle y Segalmex
Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, comentó en respuesta a la promulgación del proyecto que el estado amenaza la “seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo”.
“Al criminalizar el acto mismo de buscar refugio, Texas les está dando la espalda a los valores de compasión y debido proceso que hacen de nuestra nación el modelo mundial de liderazgo humanitario”, indicó Vignarajah en un comunicado.