La Fiscalía de Bolivia acusó este martes 26 de diciembre al principal opositor, Luis Fernando Camacho, como autor, y a la expresidenta Jeanine Áñez, como cómplice, de forzar la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019.
“Se ha podido identificar que su conducta [de Camacho] se adecúa a la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, incitación pública a delinquir, asociación delictuosa”, dijo el fiscal Omar Mejillones.
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Camacho, empresario de 45 años y gobernador de Santa Cruz, bastión de la oposición de derecha, fue detenido el 28 de diciembre de 2022, tras la denuncia de promover un denominado “golpe de Estado” contra Evo Morales.
El líder opositor, en esa época, presidía el comité civil-empresarial de Santa Cruz, y pidió públicamente a Morales su dimisión, tras acusarle de promover un fraude electoral ese año para quedarse en el poder hasta 2025.
Camacho anunció entonces que iría hasta las oficinas de Morales para que firmara una carta de renuncia, que la llevaría en la mano izquierda, y la Biblia en la mano derecha. Según él, la administración de entonces gobernaba alejada de los principios bíblicos.
Camacho llegó a La Paz el 10 de noviembre de 2019, pero Morales ya había dimitido desde la región del Chapare, para luego partir hacia México. Áñez asumiría días después la presidencia.
El gobernador opositor aseguró varias veces que sólo actuó, como resultado de masivas manifestaciones callejeras contra el izquierdista Morales.
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Sobre la expresidenta Áñez, el fiscal Mejillones informó que es acusada como “cómplice”. Ella cumple desde junio de 2022 otra sentencia de 10 años de cárcel por el delito de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El fiscal explicó que el principal delito por el que se acusa a Camacho es por el de terrorismo y que por tal motivo se pide la pena de 20 años de cárcel. Sobre Áñez, precisó que la pena será menor, por ser cómplice.
Luis Fernando Camacho, hijo del gobernador y su activo vocero, señaló que “todos sabemos que los móviles (del pedido fiscal) son políticos para mantener la detención ilegal de mi padre”.
El fiscal Mejillones explicó que el requerimiento será remitido a un juez penal que tomará los recaudos para la apertura del proceso.
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EAM