El año que recién comienza será uno de los más retadores para el país por todo lo que se juega el 2 de junio próximo.
Se trata de la elección más grande de la historia del país en la que disputarán 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno de la CDMX, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, más de 2 mil presidencias municipales y diputaciones locales.
Es decir, lo que está en juego es la continuidad de un modelo de gestión política o una renovación, lo que marcará el destino del país por los próximos 20 años, al menos.
Y no es sólo el número de puestos políticos en disputa, sino cómo llegarán los órganos electorales al 2 de junio y cuáles factores incidirán, para mal, en los resultados finales.
En primer lugar, habrá que destacar las crisis recientes del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por años han sido bombardeados desde palacio nacional sin que tuviera éxito, hasta que hubo el relevo en las presidencias de ambos organismos.
El INE actual no es, para nada, el Instituto en cuya defensa marchó una multitud de ciudadanos hace unos meses, cuando el Ejecutivo lo quiso aniquilar.
No sólo se ha dejado correr el tiempo sin el nombramiento de diez funcionarios de primer nivel, entre ellos el Secretario Ejecutivo, encargado de la organización de las elecciones, sino que se ha sido omiso en sancionar las evidentes violaciones a la legislación electoral por todos los precandidatos y las ahora candidatas presidenciales.
Unas violaciones más graves que otras, unas más cínicas que otras, pero al fin y al cabo violaciones.
El Tribunal Electoral acaba de vivir ooootro episodio de sustitución forzada de su presidente.
Ayer asumió como nueva presidenta Mónica Soto, magistrada a la que muchos ven peligrosamente cerca de Morena.
Concediéndole el beneficio de la duda, habrá que ver si tal sospecha tiene fundamentos y no pasará mucho tiempo para que eso ocurra.
Mañana miércoles, la presidenta encabezará la primera sesión del pleno del Tribunal y se espera que analice el acuerdo por el cual seis consejeros electorales impusieron un plazo de 30 días a la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, para que nombre a los funcionarios pendientes.
Pero en la elección jugará también un papel importante la delincuencia organizada.
En los comicios de 2021, más de 30 candidatos y exfuncionarios a nivel estatal y municipal fueron asesinados y otro número desconocido fue amenazado de muerte si no atendía a los “recomendados’’ de los cárteles.
Es público como los grupos delincuenciales han impuesto desde presidentes municipales hasta financiado campañas de gobernadores.
¿Qué harán los organismos electorales para evitar que esto no sólo no se repita sino que no sea más sangriento?
También veremos si el Gobierno, o sea el Presidente, se sigue pasando por donde le parezca la legislación para continuar haciendo campaña desde el “púlpito” mañanero.
Al Presidente le han sido aplicadas medidas cautelares para que deje de tratar de influir en las campañas políticas, pero, esas sí, le han hecho lo que el viento a Juárez porque no hay una sanción, sólo una recomendación.
Será un año de retos para la sociedad en general y para mexicano en particular.
Si bien los indicadores macroeconómicos arrojan buenos datos, es a nivel microeconómico en donde se nota el fracaso de la política social.
El reparto de dinero ha sido una buena estrategia política, pero un fracaso económico; los pobres siguen pobres y las clases medias, descendieron varios escalones por las políticas populistas de la 4T.
@adriantrejo