Este jueves entró en vigor la reforma aprobada en diciembre por la cual se modifican la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Salud por la cual los recursos de origen federal asignados para la prestación gratuita de servicios de salud se concentran operativa y normativamente en el IMSS-Bienestar.
Las modificaciones fueron duramente cuestionadas por la oposición en el Congreso que las consideró inconstitucionales pues quita a los estados que no se suscriban al sistema IMSS-Bienestar, antes Insabi, los recursos para la salud de la población que no cuenta con seguridad social.
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En su momento, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) acusó que la reforma tiene graves vicios de origen ya que no solo disminuye el presupuesto en materia de salud para sostener los hospitales, los servicios, el crecimiento de las plantillas laborales, sino lo que cobran por servicios que ellos mismos generan.
Explicó que esta modificación hará que todos la administración de todos los centros de salud en el país pasen al control del Gobierno federal, pues la infraestructura médica ya no será administrada por gobiernos estatales, aunque en sus presupuestos tengan destinado recursos públicos.
Sin embargo, el oficialismo argumentó que la reforma consolida la federación del Sistema de Salud para el Bienestar, mediante la armonización de la Ley de Coordinación Fiscal con las disposiciones de la Ley General de Salud, específicamente en cuanto hace a la operación del Sistema de Salud para el Bienestar y la concurrencia en la prestación de servicios de salud a las personas sin seguridad social, entre el IMSS-Bienestar y las entidades federativas que suscriban el convenio correspondiente.
La reforma, precisó, plantea un sistema jurídico-administrativo-financiero, que permite que los recursos que corresponden a las entidades federativas para salud, sean canalizadas al IMSS-Bienestar a través del Fondo de Salud para el Bienestar.
Actualmente, sostuvo Morena y aliados, existe un esquema que genera múltiples implicaciones que obstaculizan el ejercicio eficiente de los recursos en materia de salud.
Por lo que es pertinente esta reforma que armoniza la prestación de servicios de salud y las personas sin seguridad social entre el IMSS-Bienestar y las entidades federativas.
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En su cuenta de “X”, el diputado Éctor Ramirez Barba (PAN) señaló que la reforma “se trata de una centralización abusiva y regresiva, en la que las entidades federativas entregarán todo su dinero, personal y hospitales al IMSS-Bienestar, a cambio de una promesa vacía de tener un sistema de salud como el de Dinamarca”.
“Van por todo el dinero del sistema de salud, para usarlo en opacidad, con criterios políticos y para desviarlo a sus otros fines”, acusó.