Alguna vez en 1994 Cuauhtémoc Cárdenas, en defensa del argumento siempre opositor al gobierno entonces del PRI, decía “la esencia de la oposición es oponerse”. Supongo que tenía razón. Con independencia de la veracidad, verdad o verosimilitud de los argumentos, la oposición es “oponerse”.

Mientras funcione. El problema surge cuando a la oposición, “oponerse” le genera solamente ganancias pírricas o, más complicado, cuando rearma al equipo de poder opuesto a ella de tal forma que lo indispone para hacerle ninguna concesión.

Eso pasó con la negativa a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía General de Justicia. Ha detonado estas consecuencias: 1) el nombramiento de Ulises Lara, un sólido representante del movimiento situado al corazón del cambio de régimen; 2) la reorganización del discurso del jefe de Gobierno, Martí Batres, quien señala al cártel inmobiliario y a los cómplices de trata como enemigos de la Ciudad; 3) la propulsión de Godoy como campeona ética de Morena, respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la más aventajada de las candidatas a sucederlo, Claudia Sheinbaum, y 4) rearma la movilización y también la campaña de Clara Brugada para vencer a Santiago Taboada con mayor espíritu de cuerpo respecto de la oposición panista y priista.

Reglamentariamente, los votos de una minoría de 25 diputadas y diputados fueron suficientes para frenar la continuidad de la fiscal con mejores resultados a nivel nacional. Será muy difícil llegar a un nuevo consenso antes de la elección de junio. El mismo equipo de Godoy, anímicamente fortalecido, se queda para continuar sin cuartel las investigaciones vinculadas a integrantes del PAN y del PRI.

En la Ciudad de México, la coordinación de Godoy con el modelo de seguridad desarrollado por Claudia Sheinbaum y continuado por Martí Batres, contribuyó a una baja superior a 50 por ciento en homicidios dolosos y más de 80 por ciento en secuestros. Además, un aumento en la percepción de confianza ciudadana de 33 a 52 por ciento entre 2018 y 2023.

La minoría opositora, denunció Batres, habría aceptado la ratificación a cambio de negociar las investigaciones de la FGJ por las extorsiones inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez y la red de Trata de Personas operada por el exdirigente priista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. En contraste, congresos como el de Guanajuato, de mayoría panista, ratifica a su fiscal, a pesar del mayor índice en tasa por cien mil de homicidio doloso de todo el país.

En Guanajuato hay una visible ausencia en esa materia por parte del fiscal Carlos Zamarripa, quien lleva 14 años en el cargo y su periodo concluye hasta 2028. El PAN votó por mantenerlo.

¿Por qué ratificar a un fiscal con una tasa de más de 70 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes y rechazar a quien contribuye a una capital con ocho por cada 100 mil habitantes? Analizamos consistencia del argumento o nos negamos.

 

@guerrerochipres