Los migrantes mexicanos que son deportados desde Estados Unidos, tras años de vivir en ese país, regresan a México en condiciones de vulnerabilidad, pues muchos han perdido sus redes familiares y corren riesgo de ser víctimas de secuestro y extorsión, afirman expertos.
El año pasado, más de 211 mil connacionales fueron repatriados a México desde Estados Unidos, cifra que representa una disminución respecto a 2022, cuando fueron deportados 258 mil, una disminución de 17.83% de acuerdo al Instituto Nacional de Migración (INM).
Siendo Baja California, con más de 72 mil retornos, Tamaulipas, con más de 65 mil, y Sonora, con más de 37 mil, los estados por donde Estados Unidos deporta a más mexicanos.
Teresa Martínez Trujillo, investigadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, explicó que estas personas pierden por completo la posibilidad de intentar un cruce legal debido a la legislación estadounidense, por lo que muchos buscan vías ilegales dominadas por grupos delictivos.
En México, comentó, hay distintos perfiles de migrantes y las condiciones de cada uno de ellos marca el grado de vulnerabilidad en que se encuentran ante el crimen organizado.
“En Tijuana, por ejemplo, hay dos tipos de deportados: los que se deportan en caliente, que son los que están muy cerca de la frontera y que los agentes fronterizos los agarran y los regresan; ellos van a intentarlo de nuevo, pero tienen la alternativa del cruce legal por el CBT One, que es seguro y ordenada.
“Pero los deportados que ocurren a lo largo y ancho del territorio estadounidense con gente que puede tener 34, 35 años viendo allá, y los detienen por faltas menores y son deportados a México; aquí ya no tienen redes familiares y no pueden volver por la vía legal, y son ellos a los que no les queda más opción que buscar un cruce ilegal (…) Para mí están entre los más vulnerables”, relató la investigadora.
Éxodo
Añadió que por territorio nacional se mueven dos tipos de migrantes, unos son los provenientes de Centroamérica, quienes se encuentran en condiciones sumamente precarias e inician su recorrido en Tapachula, Chiapas.
Entre ellos, continuó, comparten información de redes de apoyo, de organizaciones sobre las rutas más peligrosas o violentas.
Luego están los que migran ya no por su condición económica, sino por la violencia en México, principalmente de Guerrero, Zacatecas, Guanajuato o Michoacán.
“Ellos arrancan su ruta, digamos, en mitad del territorio o en parte del territorio, pero enfrentan también violencias en el camino, es un poco un costo asociado al proceso de migrar, pero que no es tan grave como la violencia que sufren”, indicó.
La investigadora mencionó que el “antídoto” para las extorsiones, secuestros y toda la variedad de delitos que sufren los migrantes, es que el país tenga mecanismos de migración segura y ordenada.
En el caso de falta de denuncias para iniciar investigaciones, Martínez Trujillo, sostuvo que no es porque las familias de las víctimas estén radicadas en otros países o estados de la República, sino porque no se tiene confianza en las instituciones del Estado.
“Si hubiera las condiciones para hacer un procesamiento efectivo, que fuera fácil hacer denuncias, que no fuera peligroso, que no los pusieran en mayor riesgo, que no hubiera colusiones, me parece que las familias van a encontrar los mecanismos para hacerlo”, expuso.
Añadió que esta falta de denuncias no es una motivación para continuar con los secuestros, sino que es la falta de capacidad de resolución del Estado lo que hace que estos delitos no tengan costos ni consecuencias.
“No es tanto porque las víctimas indirectas no inicien los procesos, sino porque, aunque los inicien no va a pasar nada, es decir, la impunidad en este caso corre por cuenta del Estado, no por cuenta de la familia”, aseveró.
Negocio criminal
Por otra parte, los grupos criminales que dominan el tráfico de personas en la frontera norte del país, tanto de migrantes mexicanos como extranjeros, han encontrado una manera de obtener más ingresos al cobrar a estas personas por los traslados y al mismo tiempo secuestrarlos, dijo el consultor en temas de seguridad, David Saucedo.
Además, explicó, al privarlos de su libertad existen variantes en los delitos de los que son víctimas los migrantes, pues hay quienes únicamente los retienen y liberan al cobrar el rescate, en otras ocasiones los asesinan aun con un pago de por medio, o los reclutan de manera forzada.
“A las mujeres de cierta estatura y complexión las incorporan a la red de explotación sexual de sus organizaciones, con varones también de cierta edad y complexión, los obligan a tomar los cursos de formación de sicario y los incorporan de manera forzada a su red de narcotráfico ya sea como narcomenudistas, sicarios o halcones”, expuso el especialista.
Saucedo explicó que antes los cruces ilegales los hacían los “polleros” que en lo individual o en pequeños grupos no solo pasaban a las personas hacia Estados Unidos, sino que incluso ayudaban a conseguirles trabajo.
“Ahora, los cárteles de la droga que operan en la frontera, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, el cártel del Noreste y todos los subgrupos que forman parte de estas organizaciones criminales encontraron un ingreso adicional mediante el tráfico de personas y desplazaron a los polleros tradicionales.
“Reclutaron o bien eliminaron a la competencia, y ahora son los grupos del crimen organizado los que realizan esta actividad casi de manera monopólica”, explicó.
Comentó que aunque para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el caso más reciente de secuestro masivo de personas migrantes en Tamaulipas fue “atípico”, este delito tiene al menos una década cometiéndose contra las personas en tránsito por el país.
Saucedo recordó que quizá el caso más conocido fue la “tragedia de San Fernando” en 2010, en Tamaulipas, donde el cártel de los Zetas asesinó a 72 migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica.
Esta situación, continuó, ha hecho que las personas en tránsito por el país, incluidos connacionales, busquen otras rutas en las que la presencia del crimen organizado no sea tan fuerte.
Sin embargo, continuó, las zonas por las que ahora se arriesgan son lugares despoblados donde se enfrentan a peligros como el clima o al ataque de animales.
Apenas el 6 de enero, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó del rescate de una mujer guatemalteca de 25 años y sus hijos de 2, 4 y 8 años quienes caminaron durante tres horas en una zona desértica de Mexicali, Baja California, luego de que fueron abandonados por un taxista.
“Aquí baje, camine derecho y va a encontrar la frontera donde puede cruzar a Estados Unidos”, le dijeron para luego abandonarla a orilla de la carretera, según la información difundida por el INM.
Asustada por la seguridad de sus hijos, la mujer llamó al 911 y cuatro horas después fue localizada.
Un día después, el Instituto nuevamente dio cuenta del rescate de otra mujer, ésta originaria de San Luis Potosí, quien, con sus hijos de 2, 7, 10 y 14 años permanecieron siete horas en aguas del río Bravo en espera de una oportunidad para ingresar a Estados Unidos.
Al momento de su rescate presentaban síntomas avanzados de hipotermia; la mujer cargaba a su hijo de dos años para evitar que se mojara, mientras que los otros menores permanecían en el agua que les llegaba por debajo de la cintura.
Saucedo lamentó que el trato que reciben los migrantes en México dista mucho del que exige el Gobierno federal para los mexicanos en la Unión Americana.
Al referirse al reciente caso de ciudadanas colombianas desaparecidas en Tabasco, mencionó que falta, de parte de los gobiernos de Centroamérica y Sudamérica, presión diplomática hacia México, como el gobierno mexicano lo hace con el estadounidense.
Sobre el tema, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que ayer las ciudadanas colombianas ya aparecieron .
“Han sido rescatadas las colombianas retenidas por mafias en México. Esta vez no triunfó la muerte. Gracias al Gobierno de México por su apoyo y a nuestras embajadas y consulados en ese país. Hay capturados varios delincuentes de la trata”.