Tras jurar para un mandato de cuatro años, el nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, prometió “transformar” el país y rescatar las instituciones de la “corrupción” e “impunidad”.
Arévalo fue investido presidente meses después de una arremetida judicial atribuida a su promesa de combatir a los corruptos de la élite política y económica, en una ceremonia que se retrasó por más de ocho horas, debido a tensiones en el Congreso.
La incertidumbre en torno a la investidura de Arévalo provocó que los representantes de Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y presidentes latinoamericanos, presentes en Guatemala, urgieran al Congreso a cumplir con la voluntad expresada por los guatemaltecos en las urnas.
La espera fue tan larga que varios de los dignatarios invitados al acto, como el rey Felipe VI de España, partieron de Guatemala sin ver a Arévalo con la banda presidencial.
“La crisis política de la que estamos emergiendo nos ofrece la oportunidad única de edificar una institucionalidad democrática robusta y saludable, sobre los escombros de este muro de corrupción que empezamos a derribar, uno a uno, ladrillo tras ladrillo”, afirmó.
Con música y bailes, ondeando banderas, miles de seguidores de Arévalo festejaban en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, desde cuyo balcón los saludará el nuevo presidente esta madrugada.
RETOS
Para Alejandro Motta, analista político experto en América Latina, “el gran reto de Bernardo Arévalo será la gobernabilidad” porque “lo que ocurrió (el domingo) es una muestra de lo que está dispuesta la oposición para que el gobierno no sea un éxito”.
“Muestra que la oposición es un ente que está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse en el poder, aunque eso implique violar la Constitución, porque el día de ayer (domingo) se violó la Constitución. No hay precedentes (…) fue un boicot institucional”, agregó el académico de la Universidad Panamericana para 24 HORAS.
Arévalo sustituirá al derechista Alejandro Giammattei, quien fue vinculado con la “élite corrupta” y durante cuyo gobierno se exiliaron decenas de fiscales, jueces y periodistas que denunciaron actos de corrupción.
Desde su victoria, enfrentó una ofensiva judicial que denunció como un “golpe de Estado” para evitar su ascenso al poder. La Fiscalía intentó retirar la inmunidad al presidente, desarticular su partido y anular los comicios, argumentando anomalías, lo que desató la condena de la comunidad internacional.
El socialdemócrata indicó que esta misma semana le pedirá la renuncia a la fiscal general Consuelo Porras, a la cabeza de la ofensiva judicial y sancionada por Washington por “corrupción” y por “socavar la democracia”.
Pero una renuncia de Porras es poco probable, según los analistas. Y aunque este domingo logró acuerdos políticos, también lidiará con un Congreso de 160 curules, en su gran mayoría de partidos tradicionales conservadores, que pueden trabar su agenda de desarrollo social.
Arévalo hereda una Guatemala en el puesto 30 de 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y con 60% de sus 17.8 millones de habitantes en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina.