La fecha inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar sus iniciativas de cambios constitucionales era septiembre de este año, a unos días de dejar el poder, pero con un congreso que él imaginaba que tras las elecciones sería de mayoría absoluta para su partido.
Cuando en Palacio se dieron cuenta de que es prácticamente imposible que puedan obtener la mayoría calificada para la siguiente legislatura y que incluso corre peligro retener la presidencia con una mayoría simple, decidieron usar el recurso de las iniciativas como una forma de hacer campaña electoral.
Primero, si López Obrador respetara la ley electoral y se mantuviera al margen de la contienda es muy probable que su corcholata pudiera perder las elecciones. El Presidente tiene una buena calificación ante la opinión pública, pero sus resultados de gobierno no.
Así que, toda esa batería de diez cambios constitucionales que está a punto de presentar no es otra cosa que un acto anticipado de campaña de quien simplemente no es candidato, pero que ya entendió el riesgo serio de ser derrotado por la oposición.
El objetivo de esta desesperada campaña no es tratar de convencer a aquellos que entienden que la mayoría de las propuestas que lanzará López Obrador el 5 de febrero son una barbaridad, esos ya están convencidos del sentido de su voto.
A los que buscan son a aquellos que sí quieren al Presidente, pero que no pueden dejar de lado la realidad de que sus políticas de gobierno han fracasado. A aquellos que serían críticos en las urnas si no lo ven a él en la boleta.
Entonces, las iniciativas de cambio legal que va a presentar el Presidente son un acto de propaganda, pero también busca garantizar la continuidad de su forma de gobernar.
La primera damnificada es su propia precandidata a quien reduce a simple gerente de sus planes de gobierno futuros. No se ven fáciles de aprobar esos cambios, pero tampoco dejará de intentar todas las vías para hacerlo.
López Obrador obtendrá muchas frases de propaganda electoral de la presentación de sus iniciativas: “jubilarse con el 100 por ciento del salario”, “bajar el sueldo a los magistrados”, “eliminar a diputados y senadores que no trabajan” y muchas más.
En fin, es el esfuerzo presidencial de tratar de arrebatar la agenda electoral a la oposición, pero, sobre todo, a la realidad de la violencia y la corrupción que imperan.
También está claro que López Obrador sí quiere seguir con el proceso de desmantelamiento de las instituciones mexicanas. Sí quiere el dinero de las Afores, sí quiere desaparecer al Inai, sí quiere que solo haya diputados y senadores leales a él.
Y si por la vía legislativa tiene la puerta cerrada para esas contrarreformas, en diciembre de este año, con el relevo de un magistrado, puede encontrar la vía judicial para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le vuelva a rechazar una sola modificación anticonstitucional.
Evidentemente lo que le faltará es tiempo, porque legalmente López Obrador se tiene que ir a su rancho el 1 de octubre, pero hoy queda claro que no parece tener muchas ganas de irse o al menos no se le ven muchos deseos de entregar el poder.
@campossuarez