Piedad Córdoba, senadora colombiana y recordada por su gestión a favor de la liberación de rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), falleció este sábado a los 68 años de edad.
El deceso fue confirmado por Gustavo Petro, mandatario colombiano, a través de un mensaje en su cuenta de X (@petrogustavo) en el que resaltó la labor de la política.
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«Piedad Córdoba fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. (…)
Un procurador fascista la expulsó del senado y se burló de sus electores, quise resarcir el daño y ayudé a que pasara a formar parte de la lista del Pacto Histórico, sintió que lo merecía.
Como congresista la conocí y como senadora murió. Una verdadera liberal ha muerto».
Piedad reunía una serie de atributos que para la sociedad retrograda eran impasables; era mujer y negra y liberal de izquierdas y amante de la paz y hablaba con guerrilleros y militares y proponía la paz y no la guerra y no queria una sociedad paramilitar ni un gobierno de…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2024
Medios locales aseguran que la legisladora, quien además ascendió brevemente a la presidencia en 2017, murió en una clínica de Medellín tras sufrir de un infarto.
Córdoba, de profesión abogada, es recordada por su gestión humanitaria en 2007 a favor de la liberación de secuestrados de la disuelta guerrilla de las FARC y por ser una aliada incondicional del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Nacida en 1955, la legisladora se interesó desde joven por la política, vinculada desde esos años al Partido Liberal colombiano. Su primer cargo de elección popular fue como concejal de Medellín en 1988.
En 1994 obtuvo por primera vez un escándalo en el Senado. Desde entonces, tuvo una extensa carrera como congresista y fue elegido cinco veces, incluso en el actual período de la Cámara Alta como parte de la bancada oficialista.
Córdoba alcanzó gran notoriedad a partir de 2008 por su papel para facilitar la liberación de más de 30 rehenes de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, en 2010 fue destituida como senadora e inhabilitada para ejercer cargos públicos, por «extralimitación» en sus funciones como mediadora entre el gobierno y la antigua guerrilla, si bien un alto tribunal luego le devolvió sus derechos políticos.
Antes de su muerte, la Corte Suprema la indagaba por supuestos nexos con las FARC.
Según la prensa, también estaba siendo investigado por «presuntos contactos no autorizados» con narcotraficantes detenidos y en proceso de extradición para solicitarles su respaldo a Petro durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.
En mayo de 2022, Córdoba fue retenida durante un día en Honduras por no declarar 68.000 dólares en efectivo cuando se disponía a salir del país. La legisladora siempre defendió su inocencia y su detención fue revocada días después.
A inicios de 2023, su hermano, Álvaro Córdoba, fue entregado a Estados Unidos tras ser requerido por cargos de narcotráfico, acusado de coordinar envíos de droga entre una facción guerrillera colombiana y un cartel mexicano.
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«Para nadie es desconocido que mi hermana es un líder de la izquierda latinoamericana, situación que no puedo desvincular de mi caso (…) realmente a la que buscan es a mi hermana», aseguró entonces a la prensa el hermano de Córdoba.
RM