El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que los ocho militares, implicados en el caso Ayotzinapa, llevarán su proceso en libertad porque la Fiscalía General de la República (FGR) no logró aportar pruebas que justificarán la imposición de la prisión preventiva justificada.
En una tarjeta informativa, la Judicatura indicó que el pasado 20 de enero, ante una ejecutoria de amparo, la “persona juzgadora que conoce de la causa resolvió que no era procedente imponer a los inculpados la
prisión preventiva justificada y determinó diversas medidas cautelares, no privativas de libertad, al considerar que la fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”.
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Las medidas cautelares impuestas a los ocho militares son su presentación de manera quincenal en el juzgado de distrito, una garantía de 50 mil pesos, la prohibición de salir del país y entrega de pasaporte, así como no acercarse a Guerrero, obtener contacto con víctimas o testigos protegidos.
Dichas medidas, aseveró el CJF, “aseguran la continuidad del proceso penal que se instruye a los inculpados,
y que de incumplirse dejan abierta posibilidad de la fiscalía de solicitar nuevamente su modificación”.
La Judicatura relató dichos elementos castrenses se encuentran sujetos a un procedimiento penal seguido
ante el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, por el delito de desaparición forzada.
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A su vez, desde el año pasado promovieron la protección de la justicia para que se les quitará la medida de prisión preventiva oficiosa por ser declarada o convencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la FGR no aportó suficientes pruebas para que se les impusiera la prisión preventiva justificada.
LEO
