Lo que debió ser un escándalo a nivel nacional, terminó como una nota perdida en las páginas de los diarios y en algunos noticieros de televisión.

 

El 20 de este mes, la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, fue expulsada de Morena por haber denunciado que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, buscaba integrar a algunos miembros del Cártel de Sinaloa en la campaña presidencial morenista.

 

Martínez, según su dicho, fue notificada por Mario Delgado de su expulsión apenas lo había enterado de la situación.

 

No tuvo tiempo para demostrar sus dichos dentro del partido presidencial, pero ahora, fuera de Morena, tendría la obligación moral (y hasta jurídica) de presentarlas, si es que las tiene.

 

El hecho parece que quedó sepultado con la expulsión (y quién sabe qué otras cosas) de Martínez, pero como está la situación en el país por lo menos merecía una investigación desde Palacio Nacional para frenar la percepción de que esta elección presidencial la definirán los grupos de la delincuencia organizada.

 

Muchas son las voces, internas y externas, que han advertido del riesgo que existe en por lo menos el 50% de los estados de que la delincuencia organizada impida abiertamente la realización de las elecciones, o incida directamente a favor de un candidato, como pasó en Tamaulipas y Sinaloa, en el 2021.

 

La propia Claudia Sheinbaum tiene la obligación de deslindarse de esos grupos y de la gente que, quizá ella no lo sepa, estaría negociando a sus espaldas.

 

Morena carga con la sospecha desde que se dio a conocer el vínculo de varios de sus mandos con el empresario Sergio Carmona, ligado a la delincuencia organizada, asesinado en Nuevo León el 23 de noviembre de 2021.

Un reportaje de Código Magenta presentó hace unos días videos y audios rescatados del teléfono de Carmona, en el que se demuestran los vínculos de algunos miembros de la 4T con él.

 

Carmona prestaba sus aviones a los morenistas, incluido el actual presidente Mario Delgado, y financió campañas en varios estados del norte.

 

Solo por eso, el presidente López Obrador tenía que haber prestado oídos a la denuncia de Griselda Martínez, pero ni la vio ni la oyó.

 

La presidenta municipal puede, si quiere aún, presentar las pruebas de sus dichos.

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Por cierto, ayer fue tendencia en X Mario Delgado, pues un grupo de morenistas piden que deje la presidencia del partido.

 

Lo curioso de la tendencia es que fueron cuentas de los propios morenistas quienes ya no lo quieren al frente del partido, sobre todo ahora que se están definiendo las listas de candidatos a puestos de elección popular.

 

Delgado, acusaron, quiere imponer a sus incondicionales, lo cual no tiene nada de raro en un partido político, pero, como en Morena dicen que “no son iguales’’, ahora le están reclamando que lo cumpla.

 

Delgado no soltará la presidencia, a menos que Sheinbaum se lo ordene o por lo menos hasta que tenga definido su futuro político.

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Si es usted cliente de CrediNissan, cuídese de lo que firma.

 

Un lector nos comparte su caso, que quizá no sea el único y que tal vez desconozcan los ejecutivos de la empresa.

 

Resulta que al titular del contrato 47577477000013, por el adeudo del mes de enero que aún no termina, le fue cancelado su contrato de forma unilateral.

 

Y a partir de la cancelación, ha sido víctima de acoso y amenazas hasta de ingresar a su domicilio para recuperar el vehículo “o donde la ubiquemos, porque tenemos el GPS” por parte del despacho CCSERVICES MID, acreditado por CrediNissan para cobrar adeudos.

 

Ojo Nissan.

 

      @adriantrejo