Al rechazar acudir a una citación con el presidente Bernardo Arévalo, la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien impulsó una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura, descartó renunciar al cargo.
“Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacer saber que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años (…) y en consecuencia no voy a renunciar“, comentó Porras en un video publicado en redes sociales.
El 18 de enero, cuatro días después de asumir como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión con él, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia como previamente lo había anunciado.
Porras publicó un video vestida con una blusa blanca, un saco verde y una pañoleta con rosas estampadas donde abundó en explicaciones judiciales sobre su decisión.
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ANTECEDENTES
Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.
Porras, de 70 años y catalogada por Estados Unidos desde 2021 como “corrupta” y “antidemocrática”, es acusada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de “socavar” la democracia y poner en riesgo la transición presidencial con sus cuestionadas investigaciones.
La Fiscalía emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que éste dio la sorpresa al colarse en el balotaje en los comicios de junio.
También logró que un juez suspendiera al Movimiento Semilla de Arévalo, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.
Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un intento de “golpe de Estado” para evitar que asumiera la presidencia.