Propuesta. El legislador del blanquiazul apuntó que la reforma busca mejorar la profesionalización y los valores éticos de los servidores públicos.
Foto: Especial | Propuesta. El legislador del blanquiazul apuntó que la reforma busca mejorar la profesionalización y los valores éticos de los servidores públicos.  

Hasta una condena de seis años en prisión deberán cumplir servidores públicos que no ostenten su nivel académico para desempeñar el cargo, plantea la iniciativa de reforma al Código Penal presentada por Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México.


El diputado Luis Chávez indicó que los funcionarios con responsabilidades técnicas o especializadas, están sujetos a procesos de selección de méritos personales, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas.

De acuerdo al panista, algunos nombramientos suelen ser a beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo, en perjuicio del bienestar público.

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Señaló que en el último día de la exfiscal Ernestina Godoy nombró a Ulises Lara, quien se desempeñaba como vocero, coordinador general de Investigación Territorial, permitiéndole estar al frente del órgano de justicia.

El nombramiento de Lara fue más una maniobra política que una designación basada en méritos, en este caso la lealtad fue más importante, abundó el legislador.

“Para este gobierno, la preparación académica no interesa, no se requiere capacidad alguna y la deshonestidad se desborda significativamente. Los métodos utilizados por Ulises Lara para obtener un título y una cédula profesional son cuestionables”, aseveró el panista.

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Ante ello, el diputado del PAN mencionó que para perseguir delitos y tratar con las víctimas, se requiere experiencia, preparación, capacitación, méritos y no recomendaciones políticas.

Por ello presentó la iniciativa de reforma para la creación del artículo 259 BIS al Código Penal, que establecerá lo siguiente:

“Comete el delito de servicio público fraudulento, la persona que labora en la administración pública, en los Órganos de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la Ciudad de México, sin contar con los conocimientos para el servicio público, o bien se ostente con un grado de estudios que no posee (…) Se impondrá prisión de dos a seis años”, compartió el diputado.