Hace más de dos años que los pobladores de la sierra y frontera sur de Chiapas viven entre balaceras, el acoso del crimen organizado, asesinatos y desapariciones. La lucha de los cárteles de Sinaloa (CS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) por controlar el territorio recrudeció y los obligó a huir para buscar refugio.
La semana pasada el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indicó que al menos 2 mil 300 personas partieron de sus localidades en Socoltenango, Chicomuselo y La Concordia; el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) calcula alrededor de tres mil.
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Pero la situación de violencia por la que atraviesa la entidad gobernada por el morenista Rutilio Escandón Cadenas ha ido en escalada, apuntó en entrevista con este diario Gerardo Alberto González Figueroa, investigador de Ecosur.
Las asociaciones delictivas iniciaron una guerra en los poblados y mientras que el CJNG acciona a paramilitares como El Maíz en Comalapa y Chicomuselo, el CS envía a sicarios que defienden o atacan en los territorios.
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En medio de las balas, los habitantes se resistían a dejar su hogar, pero fue más el temor y, finalmente, sin tomar ninguna de sus pertenencias, huyeron, pues era eso o unirse a las filas del CJNG en Comalapa, de acuerdo con medios locales.
González Figueroa apuntó que algunos han optado por trasladarse a las casas de sus familiares en otros municipios, pero aunque esto ocurre, en ocasiones no los reciben “por el miedo al narco”, y aún años después no recuperan su hogar.
Tan sólo ayer, alrededor de 200 personas originarias de Santa Martha Chenalhó se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir el retorno a sus residencias, tras su partida en septiembre de 2022.
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Comitán y San Cristóbal han sido las alcaldías en donde las víctimas más recientes buscaron refugio: “Sólo se han quedado muy pocas, las que están organizadas y resisten”, añadió el experto.
HERIDAS SOCIALES
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados, señaló que en términos generales, el desplazamiento interno forzado causa la pérdida de medios de vida es decir, documentos de identificación, lo que impacta al empleo o vivienda; además de la salud física y mental, educación básica e identidad cultural.
Guerrero, Michoacán, Chihuahua y Chiapas son las entidades donde más eventos masivos, es decir a partir de 20 familias, se han documentado de manera no oficial, a partir de 2016.
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LA FRONTERA POROSA
González Figueroa sostuvo que la entidad es atractiva para ambos grupos por ser porosa, es decir: se vive una problemática añeja de desigualdad, donde además pasan migrantes, situaciones que aprovecha el crimen.
Por tanto es fértil para traficar con droga –a través de aviones que aterrizan en aeropuertos ilegales– y armas de fuego; se extorsiona y hay trata de personas; ahora, también incursionan con la explotación minera de la barita.
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Al menos 18 chiapanecos vivieron extorsión; 163, despojo; cinco, trata de personas y se aperturaron 385 carpetas de investigación por narcomenudeo en 2023, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El investigador previó que inmerso en un contexto político, el estado tendría dos futuros: “Que el próximo gobernador se aliará con un cártel y calmará las cosas o que escogerá al incorrecto y ésto podría incrementar”.
Este medio solicitó una postura del Gobierno de Chiapas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.