La propuesta presentada este lunes por el Ejecutivo federal respecto a los organismos constitucionalmente autónomos pretende desaparecer siete de estos entes y que los ahorros y economías que genere se trasladen al fondo de pensiones que se crearía.
Los organismos que desaparecerían son la Comisión de Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Convela), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
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El texto señala que desde la creación de estos organismos autónomos y hasta este año, estos siete entes han recibido 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos y en la mayoría se ha presentado un incremento anual en su presupuesto.
“Con el propósito de tener una perspectiva clara de la problemática, el presupuesto total otorgado a los organismos anteriormente señalados, de 2018 a 2024, equivale a 5,385,591.03 Pensiones Bimestrales para el Bienestar de Personas Adultas Mayores”, indica la iniciativa.
En los transitorios menciona que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable.
La propuesta presidencial incorporaría a la Cofece a la Secretaría de Economía, el IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a la CNH a la Secretaría de Energía, al igual que la CRE, y al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación a la Secretaría de Educación Pública.
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En lo que respecta al INAI, la iniciativa indica que por lo que respecta a la tutela del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como la política de transparencia, se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la Administración Pública Federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; y a las contralorías del Congreso de la Unión, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Esta estructura se replica en el ámbito estatal con sus contralorías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Por lo que hace a los partidos políticos se trasladaría la tutela al Instituto Nacional Electoral y por lo que toca a los Sindicatos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en atención a sus apartados.
En lo que se refiere a la tutela y protección de los datos personales en posesión de particulares, las atribuciones y obligaciones quedarían a cargo del Ejecutivo Federal, conforme se determine en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
LEO