La defensa de los ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa calificó de “cochinadas” la nueva orden de aprehensión por presunta delincuencia organizada en contra de sus clientes.
Lo anterior, en conferencia de prensa previa a que se venza el plazo para que la Fiscalía especial del caso presente a sus dos testigos protegidos en cuyo testimonio se basa el nuevo procedimiento en contra los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a quienes hace menos de 10 días se les modificó la medida cautelar de prisión preventiva a libertad condicional.
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Los abogados, César Omar González y Alejandro Robledo, señalaron que las órdenes de aprehensión es:
“Un coletazo con fines políticos electoreros y (…) el agente del Ministerio Público encargado de elaborar esta marranada, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación del caso Ayotzinapa presentaría hoy sus testigos estrella”.
Los abogados de los militares implicados en la desaparición forzada de los jóvenes la noche del 26 al 27 de septiembre señalaron que en 2023 se negó su detención por presunta delincuencia organizada porque no existían los elementos suficientes para ello pero en esta ocasión, la juzgadora encargada del proceso las otorgó.
Por ello, cuestionaron al presidente López Obrador si cuando le conviene se aceptan las declaraciones de testigos protegidos, como en este caso -“Carla” y “Neto”, asesinos confesos y exmiembros de “Guerreros Unidos”- pero cuando es en contra del Gobierno, entonces los desestima.
“Es hasta que nosotros logramos el cambio de medida cautelar que la Fiscalía abruptamente cita a declarar a estos testigos protegidos, sin decir fechas, nombres ni lugares , se limitan a decir, como siempre lo hace la Fiscalía, los guachos, los verdes, los militares (…) son declaraciones vagas en consecuencia del cambio de medida cautelar”.
Incluso los abogados de los militares señalaron que el exfiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo dijo hace casi un año que los testimonios de “Carla” y “Neto” no eran de fiar.
De tal suerte que, en palabras de Omar César González, ya no sólo son víctimas las familias de los normalistas sino también las familias de los militares y los propios efectivos indiciados debido a que:
“El cochinero que han hecho en esta administración en la investigación y proceso del caso, lo único que ha logrado es ensuciar más todo, y alejar a las víctimas una vez más de la verdad (…) se antoja imposible que alguna vez lleguemos a dar con la verdad”.
El 1 de febrero tres de los ocho militares implicados en el caso fueron detenidos mientras se presentaban a firmar luego de que se les cambiará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a libertad condicional.
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Días antes, cuando se dio a conocer que los efectivos habrían obtenido dicha medida, Luisa María Alcalde, titular de Gobernación a indicación del presidente López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República revisar el tema y en su caso, solicitar nuevas órdenes de aprehensión.
RM