A pesar de saber que no tiene los votos que se requieren para aprobarlas en el Congreso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados, 20 iniciativas para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las 20 propuestas, 18 son constitucionales, es decir, que requieren 2/3 partes de los votos de los legisladores presentes en el Pleno, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, porcentaje que Morena y sus aliados no reúnen en ninguna de las cámaras.
De todo el paquete, sólo la reforma de simplificación orgánica y la de Pensiones del Issste requieren la mayoría simple -que sí tienen Morena y sus aliados- para aprobarlas.
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En este contexto, el primer mandatario propuso una reforma al Poder Judicial que para blindar las leyes aprobadas y evitar su anulación vía la Suprema Corte; la iniciativa propone establecer el principio de “presunción de legitimidad y constitucionalidad” de las normas, con lo que se evitará su derogación.
De esta forma, propone que “tratándose de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad planteadas respecto de normas generales, en ningún caso su admisión dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.
También propone la destitución de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los jueces y magistrados de circuito.
La reforma al Poder Judicial de la Federación señala que esos cargos se elegirán mediante voto directo y se convocará a elecciones el 8 de junio de 2025, para que los nuevos funcionarios tomen protesta en septiembre del siguiente año y los actuales dejen sus cargos.
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En materia electoral, el presidente López Obrador revivió su reforma electoral que propone transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que los consejeros sean elegidos mediante voto popular, reducir el financiamiento de partidos y eliminar a los diputados y senadores plurinominales.
Una iniciativa similar fue presentada por el titular del Ejecutivo en abril de 2022, pero no obtuvo los votos suficientes y en diciembre de ese año fue votada en contra.
Y en concordancia con sus declaraciones, propuso desaparecer siete organismos constitucionalmente autónomos y que los ahorros y economías que genere se trasladen al fondo de pensiones que se crearía.
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Los organismos que busca desaparecer son la Comisión de Federal de Competencia (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Además de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
Por otra parte, el primer mandatario insiste en que la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo cual ya ha sido rechazado por el Legislativo.
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También propuso una reforma indígena para consultar a las comunidades indígenas y afromexicanas, “cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto”.
En materia de Bienestar propuso otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Sobre Vivienda, propone crear un sistema para todas las personas trabajadoras, en el que el Infonavit vuelva a producir hogares, incluso para rentar, con el derecho de los empleados a adquirir las propiedades después de 10 años de arrendamiento.
Sobre la protección a la salud, busca prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas, como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las factureras.
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Actualmente el Senado de la República tiene 127 integrantes y se requieren 85 votos para aprobar una reforma constitucional. Morena y sus aliados tienen 75 votos, por lo que requieren 10 más. Mientras que la oposición tiene 52 senadores.
En tanto, la Cámara de Diputados está integrada por 497 diputados federales, por lo que se requiere el voto de 332 para hacer reformas constitucionales. Morena y sus aliados tienen sólo 273 diputados y la oposición 224.
Además, para aprobar una reforma constitucional es necesario el voto aprobatorio de 2/3 partes de los Congresos locales, es decir, de 17 entidades federativas.
Ante este panorama, si Morena quiere aprobar las reformas propuestas por el primer mandatario está obligada a negociar con la oposición lo que significa que tendría que ceder y cambiar más de una coma a las iniciativas.