La seguridad está mejor en la capital nacional que en la capital del panismo, Guanajuato, la única entidad no ganada por Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Las comparaciones suelen resultar incómodas, principalmente para quienes en ese ejercicio exhiben las mayores desventajas. Sin embargo, sí son plenamente comprendidas en las posibilidades de aprendizaje pueden resultar muy útiles para detectar áreas de oportunidad o estrategias a replicar.

Esto ocurre al contrastar, como lo hizo este martes el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, durante el informe de seguridad de enero, los resultados de seguridad de la capital nacional con los de Guanajuato.

A nivel nacional, en seguridad pública hay una tendencia a la baja en los principales delitos, aunque insuficiente —y siempre lo será por ser una tarea inacabable— en la percepción ciudadana, principalmente en la de opositores al partido en el gobierno.

En algunas entidades las diferencias son notables. Guanajuato registra, al cierre del año pasado y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una tasa de 42.3 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, mientras en la CDMX es de 9.

El contraste en el robo de vehículo es de 29.8 en la entidad del Bajío por 16.8 en la capital nacional. Los datos presentados por Batres —bajo la premisa de ser delitos carentes de cifra negra— exhiben dos modelos de seguridad, entre una entidad gobernada en los últimos 33 años por la derecha panista y otra administrada por la izquierda desde 1997.

Las más de 20 masacres en municipios guanajuatenses relacionadas con el crimen organizado, de acuerdo con recuentos periodísticos, generan una preocupante inquietud. A nivel nacional, la entidad ocupa el primer lugar en homicidios dolosos en términos absolutos, con 2 mil 581.

Garantizar la seguridad corresponde a las autoridades de cada entidad, desde el diseño de estrategias hasta la adecuada coordinación, visiblemente ausente en el fiscal Carlos Zamarripa, quien lleva 14 años en el cargo y su periodo concluye hasta 2028.

Las cifras revelan voluntad desde algunas entidades hacia una política de seguridad integral. Carente en la posición opositora ante las reformas constitucionales enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas prisión preventiva a los extorsionadores, que serán la base sustantiva del gobierno de Claudia Sheinbaum, como ella misma lo mencionó ayer al anunciar el inicio de su campaña para el primero de marzo.

En la Ciudad de México, la estrategia de seguridad encontró fortaleza con Batres, y seguramente la tendrá con Clara Brugada, quien aventaja, en los más cautos estudios demoscópicos hasta con 15 puntos —aunque narrativas carentes de datos insisten en lo contrario— hacia la jefatura de gobierno.

Los contrastes son evidentes y dejan lecciones.

 

    @guerrerochipres