En medio de una constante negativa de apoyo federal a los colectivos de buscadores, dos integrantes de estas organizaciones fueron vulnerados en las últimas 24 horas, mientras continúan con el hallazgo de restos óseos a través de su lucha.
Noé Sandoval Adame, padre rastreador y miembro del Colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera” de Chilpancingo, Guerrero, murió ejecutado a balazos, en Zumpango, Estado de México, la noche del martes. Mientras que, en Baja California, Bárbara Martínez, fue amenazada tras hallar una fosa con diez cuerpos.
Con Noé suman ya dos rastreadoras asesinadas en lo que va del año en su esfuerzo por localizar a sus familiares.
La Brigada Nacional de Búsqueda confirmó el hecho a través de un comunicado, donde además condenó el crimen y exigió a las autoridades que se investigue lo sucedido: “Queremos justicia para Noé y su familia”, advierte.
Horas antes de que su identidad fuera revelada, la Fiscalía General de Justicia del estado reportó el deceso de un hombre en el hospital “Raymundo Abarca Alarcón”, tras una herida de bala en la cabeza, en la colonia Jardines del Sur, del municipio mexiquense.
El dolor recién había atravesado a la familia Sandoval Mesa, por la desaparición de Kevin, su hijo de 16 años, quien el pasado 17 de noviembre de 2023 fue visto por última vez.
De acuerdo con cifras de la ONU México, al menos tres buscadoras fueron asesinadas en 2023 y cinco en 2022.
Apenas el 8 de febrero pasado, la buscadora Angelita Meraz León fue utimada en Tecate, BC; ella buscaba a su hermano.
En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su fallecimiento tuviera relación con su actividad.
Mientras que Lorenza Cano Flores, de Guanajuato, buscaba a su hermano pero fue secuestrada el pasado 17 de enero -mientras que a su espos e hijo los ejecutaron- sin que hasta el momento se conozca de su paradero.
Además de los buscadores, otros tres activistas han sido asesinados en este año: Aronia Wilson, gobernadora tradicional de los Cucapah, en Sonora; Miriam Rios y Samantha Gómez, mujeres trans y activistas de los derechos humanos, en Michoacán y la Ciudad de México, respectivamente.
ESCARBAR ENTRE AGRESIONES
En el otro extremo del país, Bárbara Martínez, del grupo Buscando a Tolano, denunció ayer una serie de amenazas en su contra, tras el hallazgo de diez cuerpos en la hacienda Las Delicias, en Tijuana, del 3 al 5 de febrero.
La activista contó que luego acudir a atender el llamado de una alerta anónima sobre abandono de restos, el pasado domingo, iniciaron las intimidaciones; por ello ya presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y aseguró que no parará con el rastreo de dos de sus hijos, aunque ahora lo hará con más precaución.