En el sector gubernamental hay una percepción equivocada sobre su función en el tema de las amenazas y ataques contra periodistas por el contenido de sus informaciones que se refieren al crimen organizado. La prensa no necesita de escoltas para trabajar. Los chalecos antibalas pueden terminar como camisas de fuerza.
Pero también existe un enfoque distorsionado en los propios medios de comunicación: no se puede exigir la protección de las autoridades que no han podido establecer mecanismos de control sobre la violencia del crimen organizado contra la sociedad.
Los mecanismos de protección de periodistas ante amenazas disminuyen la capacidad de movilidad para la investigación de actos criminales, porque un periodista no puede indagar al crimen organizado protegido por escoltas.
La investigación de actos criminales lleva un riesgo que debe ser calculado: la respuesta criminal.
El punto central del conflicto radica en la incapacidad de la estructura de seguridad para combatir las actividades criminales, en la falta de decisión gubernamental para desmantelar bandas y en la tibieza de las autoridades judiciales para castigar el crimen.
La cobertura de informaciones sobre actividades criminales lleva un riesgo implícito para los periodistas y éstos deben medir sus alcances: nadie los va a premiar si mueren durante las investigaciones.
El sector informativo es el más vulnerable en el escenario de la crisis de inseguridad, porque muchas veces los propios medios para los cuales trabajan no se preocupan por dotarlos de seguros o de garantías.
En las zonas de guerra europeas, los corresponsables andan armados, tienen escoltas privados que pueden disparar contra adversarios y asumen el riesgo de la vida.
Es de agradecer el heroísmo de periodistas que reportan sobre la crisis de seguridad, pero su trabajo no debe arriesgar sus vidas.
Zona Zero
- Ninguno de los ataques criminales contra periodistas, desde el caso Manuel Buendía y pasando por el de Jesús Blancornelas, ha comprometido la voluntad oficial para perseguir y castigar a los delincuentes. Además de mecanismos de protección a posteriori, las organizaciones de prensa deberían tener oficinas especiales de seguimiento de los casos de agresiones para presionar a las autoridades en sus investigaciones. Hace falta una ONG para atender casos de agresiones contra la prensa.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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