El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que revisará todas las candidaturas a nivel federal para quitar los registros a personas con sentencias por violencia doméstica, política, sexual y deudores alimentarios.
En conferencia de prensa, la consejera Rita Bell López señaló que se trata de una revisión de más de 4 mil candidaturas, a través de un mecanismo denominado 8 de 8.
El próximo jueves, el Consejo General aprobará las candidaturas a la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República y el próximo 2 de marzo se publicarán las listas de aspirantes.
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Uno de los objetivos es que la ciudadanía revise los nombres y puedan realizar denuncias sobre candidatos que tengan sentencias por los diferentes tipos de violencia, lo cual podrá hacer por vía digital o en las oficinas del INE, en las juntas distritales.
Por su parte, la consejera Dania Ravel reiteró que para quitar el derecho de registrarse debe existir una sentencia firme contra los candidatos y en el caso de asuntos administrativos, como el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, deberá señalar expresamente que el castigo fue la pérdida de derecho a ser registrado.
Abundó que se tiene hasta el 2 de abril para allegarse de información sobre posibles violentandores que hayan sido incluidos por partidos y el 2 de mayo es la fecha límite que marca la ley para sustituciones de candidatos.
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Sin embargo, señaló que las personas puedan hacer llegar sus denuncias e información hasta un día después de la jornada electoral, pues el INE, en caso de corroborar que una persona con sentencia por violencia sigue en campaña, le dará 72 horas al partido que lo postula para su sustitución extraordinaria.
Además, en el supuesto de que gane la elección, la consejera señaló que de existir sentencia en su contra, se le podrá negar la constancia de su triunfo.
Los candidatos que pierdan el registro podrán impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues será la última instancia de decisión e interpretación.
Los magistrados serán los encargados de calificar si las resoluciones administrativas y no penales son causa de pérdida de registro.