El affaire en torno a la nota del New York Times basada en fuentes anónimas y con acusaciones severas de narcopolítica en México debiera salirse de las pasiones presidenciales y antipresidenciales y enfocarse al punto central de un operativo de desestabilización política de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos, la DEA.
Casi desde su origen, la DEA ha tenido un comportamiento autónomo a pesar de dos dependencias muy directas: su subordinación al área político-administrativa del Departamento de Justicia y su papel como miembro de la Comunidad de Inteligencia de la Casa Blanca.
El desmentido de la Casa Blanca al New York Times diciéndole que no hay investigación sobre México ni sobre López Obrador, en realidad representa un regaño burocrático de la Oficina Oval a la DEA, dejando entrever con mucha claridad que todo lo que tenga que ver con México no puede manejarse de manera autónoma sino que forma parte de una de las principales políticas de Estado a partir de un hecho que no se puede ocultar: las relaciones de EU con México –y, claro, viceversa– son un asunto de seguridad nacional.
La DEA ha sido exhibida, criticada, acotada y severamente cuestionada por el Presidente de México y sobre todo la agencia antinarcóticos fue humillada por López Obrador en octubre de 2020 cuándo la exigencia mexicana obligó a la Casa Blanca y al Departamento de Justicia a sobreseer la investigación sobre el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien había sido arrestado en Los Ángeles por decisión autónoma de la DEA.
A partir de ese asunto, México le puso severas reglas de control a la agencia de narcóticos y prácticamente la inmovilizó en México.
De ahí la importancia de darle lectura estratégica a la última denuncia sin fuentes y sin argumentos del New York Times sobre la narcopolítica mexicana.
Zona Zero
- De nueva cuenta se pone en cuestionamiento el modelo, método y estilo de reportajes sobre todo del New York Times sobre México y se revela que este diario neoyorquino forma parte del establishment de inteligencia y seguridad nacional de Estados Unidos. En 1997, el NYT acusó a los gobernadores Manlio Fabio Beltrones y Jorge Carrillo Olea de estar al servicio del narco, pero el sonorense realizó una muy profunda y severa respuesta que obligó al diario a aceptar que carecía de pruebas y asumir, en consecuencia, la humillación de una información mal recopilada.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh