Grupos de búsqueda de personas desaparecidas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos, la crisis de violencia que viven en México y exigieron acciones reales de seguridad, ante la inacción del Estado para proteger su integridad.
Acompañadas por organismos de derechos humanos, los representantes de rastreadores de Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Puebla acusaron durante la audiencia temática del organismo internacional que en lo que va del año han asesinado a dos compañeros: Ángela Almeraz y Noé Sandoval. Además, continúa desaparecida Lorenza Cano, secuestrada el 15 de enero pasado; luego de que asesinaran a su hijo y a su esposo.
Los activistas —entre ellos la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, DPLF, Artículo 19 y Centro Prodh— recordaron que debido a los múltiples riesgos a los que se enfrentan día tras día las personas buscadoras de desaparecidos —particularmente las mujeres—, en los últimos 14 años, 22 de ellas han sido asesinadas.
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María Claudia Pulido, exsecretaria ejecutiva de CIDH, preguntó cómo fue apreciado por los colectivos de madres buscadoras el censo que realizó el Gobierno con el que se redujo el número de desaparecidos.
En respuesta, Bibiana Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, en Guanajuato, y quien busca a su hermano, dijo que el censo pretende desaparecer a sus familiares que no están localizados, además de que es violatorio de la Ley de Personas Desaparecidas y de los protocolos, porque fue realizado por medio de la Secretaría del Bienestar, la cual no tiene autorización para hacerlo.
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MÉXICO, UNA FOSA CLANDESTINA
Explicó que con el censo se propone reducir la cifra de desaparecidos al considerar como “confirmadas” únicamente 12 mil denuncias y calificó de absurdo que de esta manera el Estado mexicano diga que busca a sus familiares, “cuando la realidad es que nuestro país es una fosa clandestina”.
Agregó que si se compara las 115 mil personas no localizadas contra las sentencias por este delito, “menos de 40”, se puede apreciar el tamaño del problema.
Mendoza habló sobre la negativa de las autoridades para que los reconozcan como defensores de derechos humanos e incorporarlos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para brindarles protección derivada de su labor de búsqueda.
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La comisionada Andrea Pochak, relatora para México, habló de tres prioridades: el Estado tiene que acompañar activa y comprometidamente las búsquedas, debe fortalecer urgentemente la identificación forense y combatir la impunidad.
“Que salir a buscar a sus seres queridos implique poner en riesgo su propia vida es intolerable”, lamentó.
Representantes de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH expresaron su solidaridad con las rastreadoras y pidieron al Gobierno de México información complementaria sobre la falta de implementación de leyes, sobre la insuficiencia de recursos para la labor y cuestionaron el objetivo del llamado “censo” de personas desaparecidas.