La iniciativa en materia de pensiones que remitió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados no favorece a todos los futuros pensionados, ya que el beneficio de retirarse con 100% de su ingreso se limitará únicamente a los trabajadores que perciben un sueldo de menos o hasta 16 mil 777 pesos, advirtió el consultor financiero y catedrático en la Universidad del Valle de México, Mario Alberto Di Costanzo.
Durante el “Foro de Diálogo Nacional: Súmate al Debate de las Reformas por la Libertad, el Bienestar, la Justicia y la Democracia”, legisladores de ambas Cámaras, funcionarios y académicos analizaron las iniciativas de reformas constitucionales en materia de bienestar en las que se incluyeron a las de pensiones, estancias infantiles, programas sociales, apoyos a personas con discapacidad, vivienda y trabajo.
La investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Berenice Patricia Ramírez López, dijo que se necesita incorporar todo tipo de trabajo a la seguridad social y no solamente a los trabajadores asalariados subordinados.
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La reforma de 2020, abundó, ha tenido limitados resultados, ya que, entre enero de 2021 y septiembre de 2023, de 150 mil trabajadores que buscaban una pensión, solamente 64 mil lograron cubrir los requisitos para una pensión.
Por su parte la magistrada presidenta de la Octava Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), María del Rosario Jiménez Moles, consideró que en este paquete de reformas debe estar la discusión de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, y que sea un imperativo constitucional que permita una inspección adecuada; si no la hay que sean los sindicatos quienes la realicen.
El investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, Jesús Eduardo Toledano, afirmó que la iniciativa del Ejecutivo Federal que pretende eliminar diversos organismos públicos, y propone que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) se convierta en una oficina administrativa, representa un retroceso en la política de Estado.
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Al respecto, la diputada Gabriela Sodi (PRD), presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, solicitó conocer el motivo por el que se realizó el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el marco de la petición que se hace para la desaparición de la Conadis, que quedaría subsumida en una figura administrativa.
En la discusión subió de tono cuando se puso sobre la mesa el supuesto desvió de tarjetas del bienestar para campañas electorales, pues en el foro acudió el senador Gabriel García Hernández (Morena) encargado en su momento de los programas de bienestar y quien supuestamente al enterarse del desvió de estos recursos no intervino.
LEO