El Gobierno federal desplegará a elementos del Ejército y Guardia Nacional para proteger a candidatos presidenciales, así como a los que buscan ser gobernadores, diputados federales y senadores, mientras que dejará la responsabilidad a los municipios y estados para dar seguridad a los aspirantes locales, quienes han sido víctimas de agresiones y asesinatos en el actual proceso electoral.
Para Fernando Jiménez, especialista en seguridad de Colegio de Jalisco, poner la seguridad de candidatos en autoridades locales, incluso puede aumentar el riesgo, debido a infiltraciones del crimen organizado.
Durante la conferencia Mañanera de ayer se anunció que todos los candidatos a puestos de elección federal que lo requieran recibirán el apoyo de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana y de las Fuerzas Armadas.
Según el nivel de riesgo, los aspirantes serán protegidos con hasta cuatro vehículos y 10 militares o una unidad y dos escoltas.
Sin embargo, el esquema de protección deja a cargo de los gobiernos municipales y estatales la seguridad de los candidatos locales, principalmente a diputados y alcaldes, los cuales son mayoría y es en los que se han concentrado los ataques recientes.
De acuerdo con un recuento de 24 HORAS, durante este año han sido asesinados 12 aspirantes a algún cargo público, la mayoría buscaban participar en elecciones para renovar presidencias municipales; es decir, para cargos en los que no entra el protocolo de protección del Ejército y la Guardia Nacional.
Entre los casos emblemáticos, resalta que el pasado 26 de febrero, con tan solo unas horas de diferencia, fueron asesinados dos precandidatos a la alcaldía de Maravatío, Michoacán.
Se trata de Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena, y Armando Pérez Luna, precandidato del Partido Acción Nacional (PAN).
En Michoacán, Octavio Campos, líder estatal del PRD, informó que tres de sus precandidatos declinaron seguir en el proceso de elección de cargos municipales.
A su vez, Guillermo Valencia, líder del PRI en esa entidad, indicó que cuatro precandidatos informaron que ya no seguirán en los procesos internos, mientras que otros dos recibieron amenazas del crimen organizado, por lo que todavía analizaban su participación en la contienda.
Hace unos días, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, informó que ese organismo sería el canal para recibir solicitudes de protección por amenazas a candidatos, con el objetivo de que se agilizará otorgarle la seguridad.
Taddei señaló que el protocolo solo funcionaba para cargos federales y aspirantes a las nueve gubernaturas, por lo que los aspirantes a alcaldes y diputados locales deberían solicitar protección al Organismo Público Local Electoral de la entidad en la que compitan.
La organización Data Cívica publicó hace unos días un informe en el que señala que durante este sexenio las víctimas de violencia política-electoral aumentaron 235%.
Su estudio indica que en 2018 se reportaron 178 situaciones de violencia política, entre las que se contabilizan atentados, desapariciones, amenaza, secuestro, ataques armados y asesinatos, mientras que en 2023 esa cifra se elevó a 574 casos.
SITUACIÓN ACTUAL
La información proporcionada en la conferencia Mañanera indica que 23 candidatos a un puesto de elección popular solicitaron protección al Gobierno Federal, la mayoría de Movimiento Ciudadano (MC).
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó el Esquema de Protección a Candidatos en el actual proceso.
“Ahora tenemos 23 solicitudes de protección, tres de quienes compiten a la Presidencia de la República por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón y Movimiento Ciudadano, que ya cuentan con protección. También tenemos tres solicitudes de candidatos a gobiernos de los estados, siete de competidores al Senado de la República y 10 de quienes buscan una diputación federal”.
La funcionaria indicó que se presentó un plan para que todos los candidatos que lo soliciten cuenten con protección y seguridad, y “tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del gobierno y que habrá personal que los proteja”.
Dicho esquema fue establecido entre el Gobierno Federal y el Instituto Nacional Electoral, el cual se brinda en función del nivel de riesgo que va de Alto, Medio y Bajo.
Agregó que en caso que se otorgue la protección, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Guardia Nacional, brindarán y supervisarán el servicio de acuerdo al nivel de riesgo.
ANÁLISIS
El Gobierno federal pone en “doble vulnerabilidad” a los candidatos locales al dejar la responsabilidad en los gobiernos estatales y municipales, señaló el doctor Fernando Jiménez Sánchez, investigador del Colegio de Jalisco, en entrevista con este diario.
El especialista comentó que transferir la responsabilidad de la seguridad de los candidatos locales a los alcaldes y gobernadores aumenta el riesgo de los contendientes, porque “a menos que tengan una buena relación con el gobernador o presidente municipal, va a ser muy difícil que acudan a ellos por protección”.
Detalló que esto responde a que en las pugnas internas en las localidades, la petición de apoyo corre el riesgo de filtrarse y los datos puedan ser usados en su contra.
Consideró que la Federación “desconoce en gran medida” cómo se desenvuelven las lógicas locales, donde se conoce de mejor manera qué políticos tendrían vínculos con la delincuencia organizada, lo que podría generar que al ofrecer cuidados a un candidato, este podría estar relacionado con el crimen.
“Como no conocen, no sabrían a quién colocar adecuadamente en estos sistemas de protección e incluso podrían estar dando seguridad a un candidato con una historia no muy limpia”.
El académico adelantó que a nivel nacional podrían haber pocas solicitudes de apoyo debido a que la estrategia del Gobierno tendría como uno de sus motivos la desconfianza ante la información que le hagan llegar las localidades sobre las personas que estén en riesgo.
A su vez, dijo que el esquema de protección a candidatos representa que el Gobierno no tiene la información y la capacidad para analizarla, ni para proteger a los aspirantes.
Además de que esta seguridad “no debería darse por petición –de los políticos- debería ser algo que fuese dado, no ponerles escoltas, sino sencillamente estar vigilando y estar sabiendo lo que está sucediendo en el territorio, el problema es que la autoridad federal no conoce todo lo que sucede en el país”.
Manifestó que es tal vulnerabilidad de los candidatos locales ante la delincuencia que en Maravatío, Michoacán “ya no hay candidato”.
“Las organizaciones criminales tienden a querer controlar el territorio y controlar a quienes acceden al poder público (…) ya algunos de los candidatos que han fallecido se podrían explicar por ahí los asesinatos”.