Hace pocos días fue noticia mundial la elevación del pretendido “derecho” al aborto a rango constitucional en Francia. Si bien la posibilidad de las mujeres para terminar con la vida de sus hijos en gestación ya era una realidad en aquel país, la idea de constitucionalizarlo pretende su blindaje como una supuesta “conquista” de las mujeres. Idea que se ha tropicalizado en otras latitudes, incluido nuestro país, donde el aborto se ha vuelto el placebo con el que se vende la ilusión de apoyo a la mujer.
En el ámbito clínico, el término placebo se refiere a una sustancia o un procedimiento que carece de una actividad específica objetiva contra la enfermedad o condición para la que se emplea. En términos coloquiales, podríamos identificarlo como una falsa solución para un problema, que únicamente genera en quien lo padece la idea de que el efecto es benéfico, aunque en los hechos no sea así.
Hoy, frente a la compleja realidad que enfrentan las mujeres en México, el aborto se ha convertido en un placebo que nada remedia. Asesinatos, violencia sexual, discriminación laboral por embarazo, problemas de acceso a servicios de salud, mortalidad materna y muchos otros males que impactan en nuestra realidad, quedan relegados ante una exigencia que en nada soluciona las principales complejidades a las que se enfrenta el sexo femenino.
La narrativa del aborto como un presunto derecho, tanto en el ámbito jurídico, como en el político tiene un origen cuestionable.
En términos jurídicos, ¿el aborto es un “derecho”? No, pues el Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce como titulares de tales prerrogativas a “todos los miembros de la familia humana”, lo que incuestionablemente incluye al concebido. Sin embargo, se ha generado en el debate público la idea de que terminar con la vida humana en gestación es un acto de “libertad” amparado por el orden jurídico.
En México, esta idea se construyó mediante un problemático activismo judicial que, desde septiembre de 2021, emprendió la Suprema Corte, cuando los ministros -por primera vez- desconocieron la protección jurídica expresa que tiene el concebido en gestación en nuestra Constitución.
En el ámbito político, la negación de humanidad del concebido tiene por origen un negocio sumamente lucrativo, que genera riqueza a costa del exterminio de los individuos más vulnerables de nuestra especie: los no nacidos.
La realidad es que, como lo ha referido la doctora Cristina Rodríguez, la decisión de la mujer en torno al aborto suele enmarcarse en contextos de enorme complejidad, por lo que simplificarlo y promoverlo en calidad de derecho resulta reduccionista.
En diferentes estudios que han abordado el tema se ha demostrado que, ante un embarazo inesperado las mujeres suelen presentar ambivalencia de deseos y sentimientos. No en términos de rechazo al concebido en sí mismo, sino de cara a las experiencias personales de la mujer o de su entorno; lo que en el ámbito psicológico se percibe como una amenaza asociada a las condiciones. Es decir, no significa que no deseen un hijo, sino que no desean tenerlo en esas circunstancias particulares.
Otros estudios, realizados en países donde el aborto es admitido desde hace años, han demostrado que las mujeres deciden no abortar cuando se les ofrecen condiciones de seguridad, aún en las situaciones más vulnerables. Particularmente, estudios en lugares como Reino Unido, muestran que el cien por ciento de mujeres dentro de las poblaciones más vulneradas -migrantes y refugiadas- elegían no abortar cuando se les ofrecían opciones de acompañamiento y posibilidades de desarrollo.
Entonces, parece presentarse en muchos casos un error de diagnóstico si se considera que el problema es el embarazo y la pretendida solución es terminarlo. Esto, cuando la evidencia muestra que, en lo general, el problema son las condiciones y no el embarazo en sí mismo.
La afirmación del aborto como presunto derecho nos muestra una realidad lamentable. En palabras de Ingrid Tapia, un Estado claudicante frente a la maternidad, que le cierra la puerta en la cara a las mujeres vulnerables con embarazos inesperados y, en lugar de hacerles saber que no están ni estarán solas, únicamente les ofrece terminar con la vida de sus hijos como presunta “solución”.
En esa medida, la narrativa del aborto como pretendido “derecho” no es más que un placebo con el cual, por un lado, el Estado se abstiene de fomentar el necesario acompañamiento a la maternidad en todas sus etapas. Y, por otra parte, un lucrativo negocio perpetúa la deshumanización de los miembros más frágiles de nuestra especie, con el fin de vender su exterminio como un acto de libertad de las mujeres.
Nos toca abrir los ojos y darnos cuenta, las mujeres merecemos soluciones verdaderas y no la comodidad de un Estado Claudicante, que permite a terceros lucrar con la vida de nuestros hijos por nacer.
* Licenciada y maestra con mención honorifica por la Escuela Libre de Derecho, profesora y abogada postulante.