Por presuntamente facilitar la huida de uno de los generadores de violencia más peligrosos en la capital, el Gobierno de la Ciudad de México presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un juez por delitos contra la administración de la justicia cometidos por servidores públicos.
En conferencia, el jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que el Juez Federal Roberto Omar Paredes Gorostieta, titular de la Sala 1 de Oralidad, así como de otros integrantes del juzgado por “la sospechosa liberación” de Fabián Oswaldo N., alias El Cachorro, quien pesa una orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas.
Destacó que es considerado como uno de los cinco generadores más peligrosos en la Ciudad de México y por quién se han ofrecido, desde agosto del 2023, 3 millones de pesos de recompensa por aportar información para su captura, ofrecimiento que se refrendó en febrero de este año.
“No obstante ello, el juez Paredes Gorostieta lo absolvió, lo liberó y, además, en el juzgado lo ayudaron a salir por una puerta trasera o lateral, una puerta diferente de donde debió haber salido”, refirió Batres al relatar que en la entrada principal personal de la Fiscalía local lo esperaba para ejecutar una orden de aprehensión.
Además de ser auxiliado de alguna forma para salir del juzgado, también fue favorecido con prendas para que se cambiara de vestimenta y así evadir la justicia, fugarse y evitar ser detenido por las autoridades locales, abundó el mandatario capitalino.
Subrayó que las acciones del juez Gorostieta ponen en riesgo a la ciudadanía, al facilitar la liberación de uno de los cinco generadores de violencia más buscados en la ciudad.
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, explicó que Fabián N. se desempeñaba como líder de la célula delictiva La Ronda 88, vinculada a actividades como narcomenudeo y homicidio, quien es buscado para su reaprehensión.
El encargado de Despacho de la Fiscalía local, Ulises Lara, aseguró que cuentan con elementos suficientes para poder señalar claramente que Fabián N. tuvo apoyo de varios participantes para facilitar su escape y evitar enfrentarse a la justicia.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales capitalino, Néstor Vargas, detalló que las probables sanciones por el delito contra la administración de la justicia cometido por servidores públicos van de cuatro a 10 años de prisión, de 100 a 150 días de multa y la sustracción del imputado de la acción de la justicia.