Como acción concertada, intereses extranjeros ajenos a los temas nacionales de México se involucraron para tratar de influir en el rumbo de las elecciones de este año con exigencias que desbordan los límites institucionales de la soberanía nacional del Estado.
El lunes la jerarquía católica controlada por la Conferencia del Episcopado Mexicano obligó a los tres candidatos presidenciales a firmar su propuesta religiosa de Compromiso por la Paz y el miércoles la directora de Inteligencia Nacional de la Casa Blanca dio a conocer la evaluación anual de amenazas a Estados Unidos y volvió a culpar a México de la existencia de los cárteles que trafican droga para atender la demanda de consumo de millones de adictos americanos.
Ambos posicionamientos se metieron en la campaña electoral, porque azuzaron a los candidatos a atender el tema de la prioridad de la seguridad, pero la iglesia católica mexicana responde a los intereses de la Curia de Roma y la jefa de los 16 organismos que constituyen la Comunidad de Inteligencia de EU involucraron a los tres candidatos mexicanos y prácticamente los obligaron a someterse a los intereses religiosos y estadounidenses.
Lo significativo de esos posicionamientos estuvo en el hecho de que la Iglesia Católica y la Comunidad de Inteligencia de EU responden a los intereses de Roma y de la Casa Blanca, en tanto que los candidatos están obligados a presentar propuestas en materia de seguridad que surjan de expertos mexicanos para atender la preocupación de la sociedad mexicana.
De modo natural, los candidatos acomodaron sus intereses: Xóchitl Gálvez Ruiz y Jorge Álvarez Máynez se montaron sobre las quejas del Vaticano y de Estados Unidos y aceptaron el intervencionismo, aunque el Compromiso por la Paz del Episcopado se basa en pactos con los grupos criminales, una variante de la estrategia de abrazos y no balazos. Y Estados Unidos tiene en la agenda el envío de tropas estadounidenses a México para aplastar a los cárteles dentro del territorio mexicano.
Zona Zero
- La crisis mexicana de seguridad está siendo enfocada como un tema de seguridad pública, es decir, de afectación de las propiedades ciudadanas, en tanto que la estrategia gubernamental percibe el tema desde la seguridad interior en la que la delincuencia afecta la gobernabilidad democrática, el bienestar y la estabilidad para las inversiones que generen crecimiento económico.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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