Después de que un tribunal suspendió la decisión de un juez en Estados Unidos para aprobar una ley de Texas que permite detener a migrantes en su territorio, un experto afirmó que se trata de una presión del entorno político-electoral hacia la Corte Suprema para que resuelva lo más pronto posible sobre la situación de los migrantes en la frontera con México.
“Esta suspensión administrativa sale como de urgencia, discrecional para los jueces (…) sí se está presionando mucho a la Corte para que revuelva lo antes posible, pero sí podría haber una sentencia de fondo en abril o mayo (…) más bien es el entorno político el que los presiona para una resolución”, afirmó Gildardo López, académico de la Universidad Panamericana.
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A pesar de que en distintos medios de comunicación y agencias internacionales ven la medida como una decisión de la Corte Suprema, el analista puntualiza que se trata más bien de un tribunal colegiado, al afirmar también que es parte de un proceso que lleva meses, y que puede continuar por varios más.
“Lo que ocurre no es una decisión de la Corte, es una resolución de un tribunal intermedio o de Circuito, que suspendió la decisión de un juez que impidió que se implementara la ley. Es una medida temporal, administrativa, no influye a la decisión de fondo”, aseguró el analista en temas de México-Estados Unidos.
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“No fue sorpresivo, pero este tema está en disyuntiva sobre todo para los jueces a quienes se presiona políticamente como en México”, agregó López.
Para Gildardo López, este tema no es nuevo por las olas migratorias históricas que se han presentado en Estados Unidos, sobre las facultades para expulsar a inmigrantes.
“El tema de fondo es el Federalismo, la prevalencia del Poder Judicial Federal sobre las facultades que tienen los estados para regular los temas migratorios”, añadió el analista para 24 HORAS.
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DETENCIÓN
Tras el fallo que llegó menos de 24 horas después de que un magistrado extendiera el bloqueo a la llamada ley SB4, la Casa Blanca advirtió que causará “caos” en la frontera con México.
“Estamos fundamentalmente en desacuerdo no sólo hará que las comunidades de Texas sean menos seguras, sino que también sobrecargará a las fuerzas del orden y sembrará caos y confusión en nuestra frontera sur”, protestó la Casa Blanca en un comunicado.
La ley promovida por el gobernador republicano Greg Abbott, faculta a las fuerzas de seguridad de Texas para arrestar a migrantes en el estado que no puedan comprobar que cruzaron la frontera legalmente.
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La normativa, que convierte en un delito estatal la entrada ilegal en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México.
La política migratoria es competencia del gobierno federal y no de los estados de forma individual, repiten los demócratas desde hace meses. “Es un ejemplo más de funcionarios republicanos que politizan” la crisis migratoria, añadió la administración del presidente Joe Biden.
La normativa, aprobada por el Senado de Texas y promulgada por Abbott, debía entrar en vigor a inicios de marzo pero fue bloqueada varias veces y seguirá su proceso en tribunales por ahora.
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INDIGNACIÓN
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) indicó estar indignado. “Los impactos horribles y claramente inconstitucionales de esta ley en las comunidades de Texas son aterradores”, denuncia la abogada del ILRC Jennefer Canales-Peláez.
El fallo judicial “plantea amenazas significativas a las libertades civiles y el tejido social de Texas y la nación” debido a que esta ley “es un paso atrás”, expresó la Eagle Pass Border Coalition, un colectivo promigrantes.
La crisis migratoria es uno de los principales temas de las elecciones presidenciales.
Trump amenaza con expulsar masivamente a los migrantes si gana los comicios. “Envenenan” la sangre del país, “están matando” a Estados Unidos, repite en sus mítines, en una retórica compartida por Abbott.
Los republicanos culpan a Biden de no hacer lo suficiente para frenar la llegada récord de migrantes, mientras que la Casa Blanca acusa a los conservadores de sabotear un intento bipartidista de encontrar una solución.