Financiados por comerciantes cansados de la inseguridad, militares retirados armados y camuflados vigilan cada movimiento en las esquinas de un barrio de Bogotá, reviviendo el fantasma de los antiguos paramilitares que sembraron terror en Colombia.
Los centinelas, con gorras de calaveras y botas al estilo militar, se niegan a identificarse ante las cámaras. Dicen que trabajan con el Gaula, un cuerpo de la Policía contra el secuestro y la extorsión.
Pero funcionarios del Gaula negaron cualquier vínculo entre la institución y este grupo de seguridad que se observa desde enero en el barrio 7 de Agosto de la capital colombiana.
Como en Perú, Ecuador y México, la extorsión azota a Colombia.
Bogotá, una urbe de ocho millones de habitantes, vive en el inicio de 2024 una ola de inseguridad marcada por robos masivos en comercios, actos de sicarios y tiroteos.
“No es un tema de percepción (…) Bogotá está insegura”, dijo recientemente el alcalde, Carlos Fernando Galán, ante la ausencia de estadísticas oficiales de delitos para 2024.
Durante el conflicto armado que dejó más de nueve millones de víctimas en seis décadas, en varias regiones de Colombia se crearon asociaciones de autodefensas para combatir las guerrillas.
Esos grupos se convirtieron en sangrientos escuadrones de ultraderecha que cometieron mil 166 masacres entre 1980 y 2012, a veces aliados con policías y militares, según el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica. La mayoría se desmovilizaron en 2006.
CLAN DEL GOLFO
La Defensoría del Pueblo alertó el 27 de febrero que la ciudad es epicentro de una disputa entre el Tren de Aragua (organización nacida en Venezuela) y el Clan del Golfo, el principal cártel del narcotráfico en Colombia, que esta misma semana se abrió a un diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Ante el temor, un vendedor de repuestos para automóviles del 7 de Agosto ahora lleva una pistola, ya que los criminales “vienen, llaman a la gente de los locales, les exigen plata y si no (les pagan) los matan”, explica bajo condición de anonimato.
En el barrio grandes carteles se levantan con el lema “¡Yo no pago, yo denuncio!”. “Nosotros les pagamos”, afirmó uno de ellos, que no quiso ser identificado.
Un militar retirado que trabajó para la controvertida compañía estadounidense Blackwater, señalada de contratar mercenarios, fue invitado a formar parte del grupo de autodefensa en el 7 de Agosto, pero no aceptó.
Sin revelar su nombre, cuenta los términos de la oferta laboral que recibió: por un salario mensual de unos mil dólares debía “neutralizar” a cualquier sospechoso “e inmediatamente presentarlo a las autoridades para que ellos queden con el mérito y nosotros seguir al margen para que eso no se vuelva un escándalo mediático”.