Con los votos a favor de la coalición oficialista y en contra del bloque opositor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que se expide la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo federal en octubre pasado, responde a la necesidad de implementar políticas que coordinen los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil y gestión del riesgo, generando mecanismos eficaces, acordes a los principios de honestidad, honradez y austeridad, dijo el diputado Jorge Sibaja Mendoza (Morena).
Sostuvo que la ley vigente en la materia provocó la dependencia de las entidades federativas de los recursos provenientes del Ejecutivo federal en la atención de emergencias.
“Esta nueva ley establece que serán las entidades federativas quienes prevean los recursos para atender una situación de emergencia, que les precisa a disponer de un fondo de recursos para atender, de manera inmediata, a la población que hubiera resultado afectada y a reconstruir su infraestructura pública.
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“Esta ley obliga a las entidades federativas a aplicar recursos cuando ocurra una emergencia o un desastre. Y solo se emitirá un acuerdo cuando dada la magnitud del evento, el Ejecutivo federal considere que, en efecto, amerita la intervención del Gobierno federal, como ocurrió recientemente en Acapulco”, detalló el morenista.
La diputada Elizabeth Pérez (PRD) mencionó que la Comisión de Protección Civil realizó todo un trabajo legislativo en el que convocó, escuchó e incluyó las observaciones hechas por distintos sectores de la sociedad para elaborar un dictamen.
“Pero, al final ¿qué pasó? Y discúlpeme por la expresión: les valió madre. De nueva cuenta lo que diga el Ejecutivo es lo que está bien planteado en esta legislatura. La imposición de un dictamen por parte de los grupos parlamentarios que encabezan la mayoría legislativa, pone en riesgo permanente las finanzas de los estados y los municipios, comprometiendo su planeación presupuestal al obligarlos para prever en sus presupuestos recursos para atender a la población en estado de emergencia”, expresó la perredista.
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Enfatizó que el dictamen a discusión no es el que se analizó, estudió y trabajó desde la Comisión de Protección Civil y la mayoría oficialista “de nueva cuenta algo que no tiene ni pies ni cabeza”, que le regresa a los estados y a los municipios la responsabilidad absoluta de cuidar a los ciudadanos sin el acompañamiento de la Federación.
El vice coordinador PAN, Elías Lixa, expresó en entrevista que esta ley es sumamente lesiva y muestre la naturaleza del Gobierno Federal de lavarse las manos ante las emergencias.
“Primero desaparecieron el Fonden, han dejado de manera discrecional a su suerte a los Estados y hoy lo concretan con una ley concurrente, es decir, una ley en donde coinciden responsabilidades de diferentes órdenes de gobierno y lo que hace el Gobierno Federal es tirarle la pelotita a que los Gobiernos estatales se rasquen solos cuando tienen una grave crisis”, criticó.
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Al dictamen se presentaron más de 100 reservas que fueron rechazadas por la mayoría oficialista para finalmente aprobarlo en lo general y en lo particular con 245 a favor y 205 en contra. Se envió al Senado para su revisión y votación.