La Cámara de Diputados votará hoy una muy discutible iniciativa impulsada por la comunidad LGBT y anexas, mediante la cual se pretende conceder autoridad legal a niños y niñas para que puedan decidir sí quieren cambiar de sexo.
La iniciativa establece preceptos como la mutilación genital y de senos en menores (los mayores de edad pueden decidirlo bajo su propio riesgo); que se legalice la castración hormonal para que los menores de edad que no estén conformes con su género puedan cambiarlo.
También se establece la calificación como delito de las “terapias de conversión’’, un amplísimo término sin precisiones que lo mismo puede enviar a la cárcel a sacerdotes, pastores, maestros, médicos (psicólogos y psiquiatras), terapistas, y todo aquel profesional o técnico al que se acuda a pedir consejos u opiniones.
La iniciativa puede ser aprobada por mayoría simple, pues no se trata de una reforma constitucional, por lo que los diputados de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, no tendrán problemas en aprobarla.
El tema que se ha debatido sobre esta iniciativa es sobre cómo o cuándo considerar que un menor de edad tiene la suficiente madurez psicológica, mental o como quiera llamarle, para “decidir’’ cambiar de género.
Hay posiciones contrarias a esta pretensión, sustentadas en el derecho que tienen los padres para decidir sobre la protección de sus hijos.
No se ha explicado si la iniciativa le retira la patria potestad a los padres sobre los hijos o si sólo es parcial (lo cual sería una aberración jurídica) para que los menores de edad puedan decidir sobre qué hacer con su cuerpo.
Lo que resulta preocupante y hasta risible, es que los partidos y los grupos que impulsan esta controversial iniciativa son los mismos que se oponen a reducir la edad para que los menores enfrenten problemas legales.
Dado el incremento de los delitos cometidos por menores de 18 años, ¿no habría sido más oportuno y útil para la sociedad analizar la reducción de la edad penal primero antes de entrar a este tema que ni siquiera es de la agenda nacional, sino de un grupo que pretende imponer su narrativa?
Poco podrá hacer la oposición para evitar que esta ley se apruebe, aunque faltaría el filtro del Senado.
Veremos.
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¿Por qué el Gobierno mexicano no le da a los mexicanos desplazados por la violencia, el crimen organizado sin control en una amplia extensión del territorio nacional, esos 110 dólares mensuales que sí les está entregando a los venezolanos rechazados por Estados Unidos?
¿De dónde salen los recursos para ese otro programa de “bienestar’’ que no estuvo contemplado en el Presupuesto de Egresos para este año? ¿De cuánto es la bolsa y por qué solo a los venezolanos?
Parece que el presidente López Obrador padece de “generosidad selectiva’’, sobre todo con los gobiernos que le son afines políticamente.
Mientras que los paisanos que huyen de sus tierras y propiedades, que se rasquen como puedan.
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En la serie “El asesinato de hoy’’, hay que sumar el nombre de Marco Antonio Alvear Sánchez, quien fuera presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística de… Morelos.
El funcionario fue asesinado en Cuernavaca y hasta el cierre de este espacio no había detenidos ni se conocía el móvil del crimen.
Solo basta decir que el fallecido era el responsable de toda la información gubernamental y sus estadísticas.
Ni modo que por eso lo hayan silenciado.
¿Verdad que no? ¿Verdad?
@adriantrejo