Uno de los líderes y vocero del actual movimiento de la policía estatal de Campeche, José Alejandro Grajales, respondió a las acusaciones que lo señalan por acoso laboral que en 2018 le hicieron policías bajo su mando en el municipio de Calakmul, mencionando que “si un compañero un policía ha cometido o ha caído en un acto o algún delito que se investigue y se tiene que hacer cada vez que hagan algo incorrecto”.
No obstante, compartió en entrevista que las acusaciones en su contra son anónimas y descalificó las quejas de sus subalternos, quiénes levantaron las actas en su contra por haber es prohibido con amenazas de despido solicitar prestaciones laborales, mejor equipo y mejor armamento cuando fungió como director de policía municipal de Calakmul.
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Aún cuestionado sobre las dos acusaciones que pesan en su contra por acoso sexual a las mujeres policía bajo su mando, el líder sostiene que todo es anónimo.
Por otro lado, se le dijo qué lo anónimo de las denuncias no ignoraba la gravedad de las acusaciones, en especial cuando el paro de algunos miembros de la policía estatal se realizó para defender los derechos de las mujeres policías.
De igual manera, tras mencionarse el motivo que en gobiernos anteriores y otros partidos políticos no se realizaron protestas o paros de actividades, José Alejandro Grajales respondió: “Tengo 18 años en la policía y aquí no tiene nada que ver el gobierno. Aquí hay responsabilidades como titulares y a nosotros nos rige el ordenamiento de la Secretaría estatal y también el ordenamiento del Sistema Nacional de Ciudad Pública y Secretariado. Tenemos ciertos lineamientos y protocolos para llevar a cabo operativos”.
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Los operativos coordinados en acción conjunta por el gobierno de la Layda Sansores a través de la Secretaría de Protección y Seguridad que encabeza Marcela Muñoz permitieron de acuerdo con información del INEGI bajar la percepción de inseguridad en un 12.1 por ciento de 2022 a 2023 mientras que en febrero de 2024 la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, puso disposición de diversas autoridades a mil 59 personas presentadas ante un juez calificador, cívico y la fiscalía del estado.
A pesar de los logros de Marcela Muñoz uno de los voceros de movimiento al que ya se incluyeron candidatas y candidatos presidenciales insiste en que no se siguieron los protocolos al enviar mujeres policías al penal y por ello se espera que se aplique la ley que lleve a su destitución.