La violencia electoral escaló en el primer trimestre de 2024, donde se han presentado al menos 74 actos violentos contra políticos, aspirantes, funcionarios y exfuncionarios, mismos que van desde asesinatos y atentados, hasta secuestros y desapariciones, de acuerdo con el proyecto de Data Cívica, Votar entre Balas.

Estas agresiones representan un aumento de 24 por ciento, en comparación con el mismo período de 2021, que ha sido reportado como el proceso electoral más violento de los últimos años, y donde se contabilizaron 38 casos.

Aunque las elecciones son hasta junio y todavía no está definido el total de las  candidaturas, la ola de asesinatos avanza. De acuerdo con un conteo de este diario, este año han asesinado a 17 aspirantes a un cargo de elección popular, lo que promedia cinco por mes.

Guerrero se ha convertido en el estado más riesgoso para los contendientes, con cinco asesinatos, seguido de Michoacán y Chiapas, con dos cada uno. 

ALCALDÍAS SUFREN EMBATES

La violencia que afecta los procesos electorales está relacionada con la eclosión de los grupos criminales, sobre todo en los municipios pequeños, porque los gobiernos no cuentan con los recursos para proteger a sus candidatos, afirmó Aldo Muñoz, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Esta situación, mencionó, afecta a entidades como Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Chiapas y Veracruz, por lo menos, desde el año 2000, aunque no son exclusivos.

Consideró que quienes hacen política en esas alcaldías tienen el peor de los escenarios, porque están supeditados a que los generadores de violencia aprueben sus candidaturas y les digan cómo hacer campaña, porque si no se atienden a las consecuencias y este fenómeno afecta a partidos y candidatos de todos los colores.

Además, planteó que el Estado mexicano tampoco tiene la capacidad para proteger a todos los aspirantes, porque en este proceso se disputarán 20 mil puestos de elección popular, lo que representaría en cierto caso, disponer de 20 mil o 40 mil policías.

Aldo Muñoz consideró que las autoridades no cuentan con una estrategia que garantice que en poco tiempo, en pocos meses o años esto cambie, porque además los municipios más vulnerables generalmente tienen un aislamiento territorial fuerte, con pocos accesos y una geografía atropellada.

De los 74 actos violentos reportados entre  enero y marzo, entre los más afectados se encuentran funcionarios, con 39 embestidas, señala Votar entre Balas.