En medio de una crisis hídrica en gran parte del país, con lagos y presas secas o retrocediendo, la Cámara de Diputados cumplió 12 años sin expedir la Ley General de Aguas, incluso a pesar del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para expedirla.
En San Lázaro, cinco Legislaturas han tenido la oportunidad de expedirla, y a pesar de foros, reuniones, discusiones e iniciativas, nada ha prosperado en más de una década; mientras que el emplazamiento de la Corte a expedir la ley ocurrió en 2022, a una década de que se ordenara su expedición al reformarse la Constitución mexicana sobre el derecho humano al agua.
Ni la severa crisis hidrológica que tuvo Monterrey en 2022, la peor en su historia, ni el imperioso llamado en 2017 del Consejo Consultivo del Agua para expedir la ley o las controversias constitucionales presentadas en la SCJN, que reclamaron la desatención del Congreso en esta materia, hicieron que a los diputados de cinco egislaturas les inundará el sentido de urgencia para acordar la nueva normatividad.
Según la SCJN, los congresistas incurren en “omisión legislativa de carácter absoluto en competencias de ejercicio obligatorio”, al no haber expedido la Ley General de Aguas.
El tamaño del desafío lo pone en contexto el estudio “Perspectivas del Agua en México. Propuestas hacia la seguridad hídrica”, elaborado por la Red del Agua de la UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica, la Unesco y la organización Agua Capital, en el que establece que, según datos oficiales, a escala nacional sólo 58% de la población tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico.
De acuerdo al estudio, seis millones de personas carecen de acceso al agua potable y 11 millones al saneamiento; únicamente 14% de la población recibe agua 24 horas al día; sólo 50% del volumen recolectado en alcantarillado recibe algún tipo de tratamiento y 60% de los cuerpos de agua presenta algún grado de contaminación.
Además, de los 653 acuíferos en territorio nacional, 157 están sobreexplotados; 40% del agua se pierde en fugas en los sistemas municipales de distribución, mientras que en la agricultura la pérdida llega hasta 50%; mientras que 71% del país presenta presión hídrica alta o muy alta.
Análisis
Para María Eugenia Ochoa, integrante del colectivo Asamblea Social del Agua, que a su vez forma parte de la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, la omisión del legislativo para la Ley General e Aguas sólo tiene una explicación: no se ha vencido la presión de las empresas que explotan el agua.
Enfatizó en que es urgente la revisión de las concesiones para la explotación del agua, pues desde que se promulgó la ley vigente, en 1992, éstas pasaron de dos mil, a más de 500 mil.
Y a ello, continuó, se suma que 7% de los concesionarios concentra 70% de la disponibilidad de agua en el país.
“No conformes con eso, han creado un mercado en que si una embotelladora, una refresquera, una minera o textilera ya no quiere tener la concesión, la vende al mejor postor”, apuntó la activista,
Actualmente, Ochoa consideró que la falta de una nueva legislación se debe a que los congresistas “están muy sensibles” al contexto electoral, y la reelección que buscan algunos los detiene por el temor de perder votos.
“En la Cámara de Diputados no ha habido la correlación de fuerzas que realmente estén del lado de la mayoría, que estén del lado del pueblo, defendiendo los derechos que debieran defender”, dijo.
Enfatizó que la falta de una normatividad en estos 12 años es una de las causas por las que el país vive la actual crisis hídrica y lo resume en una frase: “si es sequía, es saqueo”.
El diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento en la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez (Morena), aseveró que solo esperan la opinión de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para saber si deben incluir otros aspectos a la propuesta.
Aunque el 30 de abril termina el periodo ordinario, el último de la LXV legislatura, el diputado mencionó la posibilidad de que la ley general de aguas pueda expedirse en un periodo extraordinario.
“Sí, la ley es importante, pero la ley no nos va a dar más agua en México. Necesitamos más infraestructura para el país, realizar nuevos embalses. El Valle de México requiere un nuevo sistema, como lo fue el Sistema Cutzamala, que actualmente abastece 29% del líquido que recibe la CDMX.
“Necesitamos pensar si necesitamos hacer la gran obra del acueducto nacional para subir agua del sureste de México donde tenemos las grandes reservas hídricas a través de los ríos Necaxa, Grijalva, incluso el Usumacinta para traer agua al centro y al norte de México”, dijo Muñoz Álvarez.
Agregó que se requiere de una nueva política nacional para desalinizar el agua y crear un nuevo mercado, pero para lo cual se necesita que todos los usuarios entiendan que el líquido tiene un valor financiero: “que tenemos que garantizar, sí, el derecho humano a la población, pero a los grandes usuarios les tenemos que cobrar el agua que hoy no se paga”.
La perspectiva, continuó, es hacer un Plan Nacional Hídrico que atienda los tres grandes usos del agua en el país: los usuarios hidroagrícolas, que consumen 76%; el uso público urbano, que consume un 14%; mientras que el otro 10% lo ocupa la industria y es donde se debe evitar la existencia de concesiones irregulares, “yo creo que tenemos una gran tarea, además de la ley”.