La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de Amparo y de Amnistía, que para la oposición representan un “grave” retroceso legal que afecta los principios de progresividad de derechos consagrados en la Constitución.
El debate se puso tan intenso entre el bloque oficialista y el de oposición que, desde la Tribuna, el diputado Enrique Sosa (PAN) les mentó la madre a Morena y aliados al citar la famosa frase de Porfirio Muñoz Ledo: “chinguen a su madre; que manera de legislar”.
Aunque minutos después el panista se disculpó desde su curul, no fue suficiente para evitar que, también desde su lugar, el diputado Sergio Peñaloza Pérez (Morena) les regresar la ofensa con el brazo.
En la discusión de la reforma a la Ley de Amparo, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Huacus, aseveró que ésta elimina la protección a los ciudadanos y es claramente inconstitucional.
“Se violentarán el artículo 1 del principio de progresividad de los derechos humanos, los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Segundo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, aseveró el perredista.
Esta iniciativa, abundó, pone al país a un paso de la tiranía en la que los ciudadanos no podrán defenderse de actos arbitrarios de la autoridad, o leyes que lesionen sus derechos.
Básicamente, continuó Huacus, el gobierno quiere que el pueblo no se queje, no levante la voz, “porque si el gobierno no te da tus medicamentos contra el cáncer, ya no podrás ampararte; porque si el gobierno destruye zonas protegidas para sus proyectos, ya no podrás ampararte; porque si alguna autoridad te detiene y eres inocente, ya no podrás ampararte, prácticamente están eliminando la única herramienta que sirve como protección instantánea y temporal a nuestros derechos”.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) explicó que la propuesta tiene un carácter jurídico y otro político, en el primero sostuvo que en ninguna parte de las leyes se autoriza a los tribunales a la suspensión con efectos generales, por lo que es la suspensión lo que se está regulando.
“La interpretación judicial se ha arrogado a sí misma facultades que no están en el derecho mexicano. Se interpreta que están en un bloque de constitucionalidad y se asume que hay un orden jurídico interamericano. No estamos de acuerdo con esa visión”, dijo.
Sobre la reforma a la Ley de Amnistía, el diputado Antonio Madriz (Morena) explicó que ésta pretende que sea el Ejecutivo federal quien pueda otorgar el beneficio a quienes proporcionen elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos relevantes para el Estado mexicano.
Agregó que con esta reforma se busca alcanzar el modelo de justicia transicional, es decir, establecer mecanismos para acceder a la verdad, a la justicia, reparación y a la no repetición de hechos.
Sin embargo, en lo que fue más un posicionamiento político y no una fundamentación institucional a nombre de la Comisión de Justicia, el morenista dijo a los legisladores de oposición que seguramente tienen información relevante, “que gracias al pacto de silencio ocultan a las víctimas, por eso entendemos que se opongan a la presente reforma. Algunos de ustedes temen ser vinculados. Esa es una carga infame en algunas conciencias”.
La diputada Refugio Camarena (PRI) condenó que Morena y aliados en lugar de proponer reformas que fortalezcan la inseguridad y la administración y procuración de justicia, prefieren impulsar reformas que benefician a los delincuentes.
“El dictamen es una reforma indignante porque pretenden otorgarle al presidente de la República la facultad para liberar a las personas que se encuentran sujetas a un proceso penal o que incluso ya están en la cárcel.
“Ustedes dicen que se trata de liberar a inocentes, que se trata de garantizar los derechos humanos, pero más bien lo que en Morena y sus aliados quieren hacer, es facultar al presidente para generar impunidad, para generar adeptos y futuros votos para esta elección”, aseguró la priista.
Análisis
Para el profesor de derecho procesal en la Facultad de Derecho de la UNAM, Juvenal Lobato, el que se elimine la suspensión del acto demandado en un juicio de amparo es muy delicado va en detrimento de la independencia judicial y de la seguridad de los habitantes.
Sobre la imposibilidad establecida ahora de que pueda darse un efecto general a una resolución de amparo, el también integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados explicó que ahora quedarán desprotegidos grupos vulnerables en temas de medioambiente, y como ocurrió con los libros de texto y vacunas, por citar solo algunos.
“Si bien tiene un origen político, me parece que lleva al traste todo lo que se había logrado con estos avances que obedecen a que el gobierno no le gusta obedecer a los jueces”, comentó Lobato.
Ahora, continuó el académico, al no suspenderse el acto de autoridad demandado en un amparo, podrán pasar años hasta que los jueces resuelvan si es válido o no.